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¿Se imaginan a Amaury Pérez diciendo “yo tengo una antena” en la televisión cubana?

Ya nos acostumbramos a que el diario Granma, destaque una noticia y omita otras. Claro, se trata del órgano oficial del Partido Comunista. El partido es su dueño y, por tanto, decide qué y cómo informa. Sin embargo, es difícil aceptar que este medio sea utilizado para propagar la cultura del miedo y la represión.

Buscando información sobre la recepción de señales satelitales y las antenas, en la Gaceta Oficial de la República, sitio donde se publican las leyes cubanas, encontré una disposición del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y dos del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) regulando el asunto.

Se tratan de las resoluciones 98 y 99 del año 1995 y el Decreto No. 269 del año 2000. Estas normas consideran una contravención importar, fabricar, vender, instalar equipos, antenas, accesorios y demás dispositivos receptores de radiocomunicación espacial, entre los que se incluye la señales televisivas. También se prohibe su distribución.

La normativa prevé multas administrativas de mil pesos para los ciudadanos y de 10 mil a 20 mil pesos para las entidades. Sin embargo, varios artículos periodísticos de Granma informaron a la ciudadanía que las multas eran de 10 a 20 mil pesos, sin especificar. Cantidades que a discreción aplican Inspectores del MIC, sea una persona o una empresa.

El más paradigmático de los trabajos de Granma, fue Piratería de señales satelitales, de Lourdes Pérez Navarro, publicado en agosto de 2006. La periodista expuso la forma en que dentro de la isla se desarrollaba el negocio ilegal de distribución de programas televisivos extranjeros, las normas nacionales que se transgredían y sus severos castigos.

Según la reportera, los clientes del negocio de distribución de señales televisivas foráneas reciben “espacios con una avalancha de propaganda comercial que muestra la apariencia del capitalismo, mensajes anticubanos y hasta pornografía”.

Incluso le dio un toque político-ideológico al asunto. “En el caso de Cuba, parte de la programación que se recibe por esa vía, es de contenido desestabilizador, injerencista, subversivo, y convoca, cada vez más, a la realización de actividades terroristas”, escribió.

Tres años después, a través de esas señales televisivas enajenantes, los cubanos vieron cómo Amaury Pérez reconoció que en Cuba “no hay libertad para tener antena” y “miles de justificaciones para no tener internet”.

¿Se imaginan a Amaury Pérez diciendo “yo tengo una antena” en la televisión cubana, como hizo en el programa Al punto, de Univisión, durante su viaje a Miami a fines de 2009?

El cantautor reconoció haberla traído de México. “La puse cuando era incluso de las más grandes, no tan chiquita, en esa época nadie tenía idea de lo de la antena, pero para mí la televisión es muy importante”, comentó. Amaury no dijo si tenía autorización para disfrutar de ese privilegio. Lo cierto es que el programa se vio en la isla gracias a la recepción ilegal de señales.

En 2006, la periodista de Granma alegó que “la difusión de programas satelitales técnicamente conocido como sistema de distribución multipunto por microonda”, se autorizó como servicio de telecomunicaciones de carácter limitado.

En otras palabras, en Cuba sólo pueden distribuirlos empresas expresamente autorizadas, y disfrutarlo las personas autorizadas por el MIC como usuario. La periodista también omitió que el servicio se codificaba y estaba destinado principalmente al turismo y al cuerpo diplomático.

Lourdes Pérez Navarro, quien habitualmente cubre la sección Cuestiones de Leyes, en el diario Granma, expresó que la piratería de señales “transgrede regulaciones internacionales convenidas para su uso”, y en su realización se comete “una cadena de delitos y contravenciones administrativas que encuentran severas condenas en diferentes legislaciones y normativas jurídicas”.

Detalladamente expuso todos los delitos que intervenían alrededor del tema. Comenzó por el contrabando, que prevé sanciones de hasta 3 años de cárcel y multas entre 15 mil y 50 mil pesos. Según la reportera, turistas y cubanos residentes en el exterior, entraban al país receptores de señales y tarjetas, violando las disposiciones aduanales.

“Se ha detectado que otra manera de poseer antenas, ha sido la sustracción de tales equipos o sus accesorios a las personas autorizadas a contratar el servicio”, afirmó. En este caso, advirtió, se cometía el “delito de hurto o robo con fuerza” y de receptación, para quien los adquiriera en el mercado ilegal.

Mencionó otros delitos: el de “actividades económicas ilícitas”, por prestar el servicio sin licencia, que se agrava cuando se utilizan materiales del mercado negro. El de “especulación o acaparamiento”, por adquirir mercancías para la reventa y el de “daños”, cuando se deshabilitan “postes eléctricos y telefónicos o se rompen los viales para pasar los cables”.

También advirtió que administrativamente existían “severas multas y decomiso para los transgresores”. “La difusión de programas satelitales requiere una licencia otorgada por la agencia de control y supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, entidad que posee inspectores con plenas facultades para imponer multas y decomisar equipos cuando se detectan infracciones”.

Y textualmente citó la contravención prevista en el articulado del Decreto-Ley No 157 de 1995, otra de las normas que regulan el asunto, y que consigna que la cuantía de las multas a imponerse será fijada por el ministro del ramo. Sin embargo, tergiversó la información cuando dio la cifra de la cuantía de las multas, según establecen las resoluciones 98 y 99 de ese ministerio.

“Se le impondrá una multa de 10 mil a 20 mil pesos en moneda nacional o su equivalente al cambio oficial en moneda convertible, además del decomiso administrativo como medida accesoria sin derecho a indemnización o pago alguno”, afirmó en Pérez Navarro en su escrito.

Asimismo, informó que “de acuerdo con el Decreto Ley No. 99, los inspectores están facultados para elevar dicha multa hasta la mitad de la cuantía máxima (10 mil pesos más) por lo que podría llegar a imponerse sanciones pecuniarias de hasta 30 mil pesos”.

Y subrayó que como para algunos “la distribución ilegal de programas de televisión satelital ha devenido en forma de enriquecimiento indebido”, a estas personas se les aplica el decreto ley 149 de 1994 y mediante confiscación  son desposeídas de los cuantiosos bienes que “no se corresponden con los ingresos percibidos y que no puedan justificar”.

Lourdes Pérez Navarro terminó su reportaje expresando que “la labor de persuasión de las masas” era fundamental, “para erradicar esta práctica, a la vez que apoyen a las autoridades encargadas de hacer cumplir las regulaciones a aquéllos que con absoluta irresponsabilidad violan la ley”

Quedé boquiabierta con ese reportaje. Aquel despliegue de normativas no promovía la observancia de la ley, sino la cultura del miedo y la represión entre los cubanos. Ni una frase dedicó a denunciar al MIC y sus inspectores, por violar la legalidad y defraudar a la ciudadanía. Tampoco mencionó que dichos inspectores, para hacer su trabajo, violentan los domicilios de los ciudadanos, un derecho constitucional.

La prensa oficial sabe que tiene poder para, a través de la información, dictar lo que está bien o mal. Qué ver, oír y leer, y a quién obedecer. Sin embargo, no se atreve a cuestionar las políticas de exclusión y represión que instrumenta el gobierno, mediante una legalidad socialista -supuestamente-  comprometida a servir al pueblo.

Laritza Diversent, Cubanet

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Periodista oficial primero (1974-94) e independiente a partir de 1995. Desde noviembre de 2003 vive en Lucerna, Suiza. Todos los días, a primera hora, lee la prensa online. No se pierde los telediarios ni las grandes coberturas informativas por TVE, CNN International y BBC World. Se mantiene al tanto de la actualidad suiza a través de Swissinfo, el canal SF-1 y la Radio Svizzera, que trasmite en italiano las 24 horas. Le gusta escuchar música cubana, brasileña y americana. Lo último leído han sido los dos libros de Barack Obama. Email: [email protected]

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