Las dos caras del G-2 cubano

Pocas horas después que un oficial de la contrainteligencia que se presentó con el nombre de Alejandro el martes 4 de abril me entregara una citación oficial, el agente identificado como Maykol arrestó a la periodista independiente Rosa Avilés Carballo y la condujo en calidad de detenida a la estación de policía de Zapata y C, Vedado.

Avilés reside desde hace cuatro años en La Habana. No obstante, en febrero pasado fue deportada a Camagüey, su ciudad natal y a más de 500 kilómetros al este de la capital, después de pasar cuatro días recluida en el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac.

Inconstitucionalmente, el gobierno deporta a los ciudadanos de otras provincias que residen en La Habana, amparándose en el Decreto 217 sobre regulaciones migratorias internas, en vigor desde el 22 de abril de 1997. Esta aberrante norma jurídica se aplica con mayor severidad a opositores y periodistas independientes.

Según declaró Rosa Avilés, la semana anterior había sido acosada por el oficial Maykol, quien la llamaba a su móvil para amenazarla. Durante el mes de marzo, en Cuba se registraron “432 detenciones arbitrarias, once agresiones físicas, ocho casos de hostigamientos y por lo menos un acto vandálico cometido por la policía política y elementos parapoliciales”, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su más reciente informe sobre la represión en la Isla.

Mientras, al otro lado del Atlántico, en la apacible ciudad suiza de Ginebra, integrantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Asociación Jurídica Cubana y el periodista y escritor Jorge Olivera Castillo, ex preso político del Grupo de los 75, el lunes 3 de abril condenaron y pidieron “el cese de las confiscaciones ilegales de bienes y propiedades de activistas pacíficos cubanos”.

Se trata de una denuncia formal de la disidencia local presentada ante Michael Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas.

Desde hace varios años, la Seguridad del Estado despoja a disidentes y periodistas libres de dinero y equipos de trabajo. En la mayoría de los casos no entregan actas de decomiso, lo cual deja en un estado de indefensión a las víctimas.

Con estos antecedentes, sobre la 1:45 de la tarde del miércoles 5 de abril, bajo un sol abrasador, llegue a la unidad de la policía en la calle Aguilera, en la barriada de Lawton, al sur de La Habana. En el vestíbulo me esperaban el primer teniente Alejandro y otro oficial que no se presentó por su nombre.

Vestían como cualquier joven cubano. Vaqueros gastados, pulóvers de cuello y calzado tipo Náutico. Alejandro es delgado, tiene pinta de trovador o un yuppie intelectual de ciudad. El otro, macizo, no muy alto, hablaba menos y escuchaba más. Los dos oficiales son mestizos. Hablaban en voz baja y eran educados. Parecían funcionarios diplomáticos y no agentes represores. Esa tarde me saqué la lotería. Me tocaba charlar con los ‘policías buenos’.

Después de conocer qué pensaba sobre el trato, donde obviamente les respondí que no podía estar satisfecho cuando en contra de mi voluntad se me citaba a un recinto policial, y en caso de no acudir debía pagar una multa de 50 pesos, la primera pregunta fue mi opinión sobre la oposición cubana.

Es evidente que se habían preparado. Leyeron artículos escritos por mí en el período comprendido de 2010 a la fecha y en los cuales he abordado el mal desempeño de la disidencia interna.

Buscaban puntos de coincidencia. Les di mi valoración. “La oposición no funciona, está fraccionada y enfocada más hacia al exterior que hacia la comunidad. Ustedes la tienen penetrada y dividida. Pero, como nunca han gobernado, no se les puede culpar del desastre nacional que se vive en la Isla”. Y acto seguido hice un recuento del voluntarismo de Fidel Castro, sus disparates económicos y faltas de libertades políticas.

Me escuchaban sin replicar. Les comenté que estaba convencido que, a la vuelta de cinco o seis años, quizás antes, Cuba se encarrilaría por la democracia, el respeto a las diferencias políticas y la libertad de expresión.

“No queda otra. Cuba es el único país del hemisferio americano donde la oposición es un delito”, les dije. Alejandro era amable, pero persistente. Y se montó en lo que mejor saben hacer los cuerpos de inteligencia.

Las delirantes teorías de conspiración. “Cuba está siendo acechada por el gobierno de Estados Unidos, que quiere desmontar el actual sistema político”, señaló.

Me habló de Zunzuneo y el dinero que las instituciones estadounidenses otorgan a la disidencia. Le repliqué que el caso de Zunzuneo salió a la luz gracias a la labor de una prensa libre. Y que cualquier internauta puede conocer el monto de dinero que el congreso estadounidense concede a la oposición, pues es información pública.

Más allá de que uno puede estar en desacuerdo con esa ayuda, el futuro de Cuba pasa por los cubanos. Todos, los del exilio y los de acá, les dije.

“Tanto el régimen como la disidencia se victimizan y justifican sus fracasos o exigen políticas más severas al gobierno de Estados Unidos. Ni Obama, ni Trump ni el que venga después son culpables del lamentable estado en que se encuentra el país. La solución es de los cubanos. Y pasa porque el gobierno, y ustedes, dejen de reprimir y este tipo de diálogo lo tengan con opositores políticos”, acoté.

Les recordé que el domingo 2 de abril, al igual que desde hace 96 fines de semanas, “agentes de la Seguridad y ciudadanos civiles de la asociación del combatiente, golpean e injurian con consignas casi fascistas a las Damas de Blanco en su sede, muy cerca, por cierto del lugar donde estamos hablando. Eso deja muy mal parado a este gobierno, que públicamente dice que no tortura ni golpea a sus detenidos”, subrayé.

Tomaban nota y buscaban encausar la conversación por la senda de su interés. Querían saber si conocía o en Miami visité la casa de Santiago Álvarez Magriñat, ‘connotado terrorista’, dijo Alejandro, quien también quería saber mi consideración sobre Dan Gabriel, ‘oficial de la CIA con diez años de experiencia en el manejo de la información durante la guerra de Irak y al frente de Webstringers, contratista de medios’, señaló.

“Soy periodista y por asuntos de trabajo, entrevisto o hablo con todo tipo de personas. No necesariamente tienen que ser amigos míos. Y en el caso de Dan, que personalmente no conozco, jamás él ni Webstringers han incidido en la censura de mis trabajos. Nunca, ningún medio para los cuales he colaborado en los 21 años que llevo escribiendo como periodista independiente, me ha censurado. Y por escribir cobro: el periodismo es una profesión. Ojalá que los periodistas oficiales y los obreros cubanos puedan tener salarios decentes”, respondí.

Hice hincapié en el excesivo secretismo estatal, los precios abusivos en divisas, los bajos salarios y el descontento popular. “Ése es el problema a resolver, no las discrepancias políticas. Y estoy seguro que este gobierno jamás lo va solucionar. La economía planificada y el comunismo no funcionó en ningún lado”, indiqué.

Antes de marcharme, deje claro que es precisamente la falta de cobertura de la prensa oficial en temas sociales la que permite la labor de los periodistas independientes. Que el problema con la prensa alternativa, ya sean periodistas abiertamente anticastristas, moderados o que apuestan por un socialismo democrático, es que escriben sin autorización estatal.

“El acoso a los reporteros por cuenta propia es la clave para mantener este absurdo control político y social. Están perdiendo a lo mejor de la sociedad, ya sean deportistas, médicos o intelectuales por esa falta de libertades. A periodistas de talento innegable como Elaine Díaz, Mónica Baró o Carlos Manuel Álvarez, no los están aprovechando por su absurda terquedad política. Injurian a Fernando Ravsberg, ex corresponsal de la BBC casado con una cubana, o al bloguero Harold Cárdenas. Este país, donde dentro de ocho años el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, no se puede permitir seguir ninguneando ni expulsando a más cubanos”, enfaticé.
Se despidieron cortésmente. Tal vez en una próxima cita mis interlocutores sean los ‘policías malos’.

Iván García
Diario Las Américas, 6 de abril de 2017.

Foto: Villa Marista, sede del Departamento de Seguridad del Estado, organismo del Ministerio del Interior popularmente conocido como G-2. Antes de 1959, Villa Marista fue un lugar de descanso de los Hermanos Maristas, comunidad católica con varias escuelas privadas en la isla desde 1903 hasta que tras la llegada de Fidel Castro al poder fueron expulsados del país. Se encuentra enclavada en San Miguel y Anita, Reparto Sevillano, municipio 10 de Octubre. En junio de 191, el naciente Departamento de Seguridad del Estado -la KGB cubana- no encontró mejor sitio para establecerse que en la ex mansión religiosa y que entre otras instalaciones, contaba con un campo para jugar béisbol. En más de medio siglo, ha sufrido múltiples remodelaciones y adaptaciones, como los calabozos construidos bajo tierra. El cartel identificativo se encuentra en la entrada principal, por la calle San Miguel. El acceso de los autos es por la calle Anita, que queda a un costado (TQ). Foto tomada de Mapio.net.