A Alejandro González Raga le entran escalofríos sólo de recordar el momento en que las autoridades de la prisión Kilo 7, en Camagüey, le dieron sólo unos minutos para elegir entre el destierro en España o seguir tras las rejas sólo por pedir cambios pacíficos y democráticos en Cuba.
Y cómo salió de su país a una velocidad de vértigo, sin tiempo para las despedidas. Como el «mercenario» al servicio de Estados Unidos que era para las autoridades cubanas, y no como un periodista independiente de la Agencia de Prensa Camagüeyana.
Era el 13 de febrero de 2008. Un día antes González Raga salió de la cárcel durante unos veinte minutos para velar el cadáver de su madre. Pensó que la visita de los carceleros era para conocer su estado de ánimo. Pero se equivocó.
Al coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Camagüey -la organización que promueve el Proyecto Varela, apuesta por celebrar un referéndum para pedir cambios- le comunicaron que le habían concedido la libertad con licencia extrapenal con la condición de marcharse del país para no volver. Al menos mientras los Castro sigan en el poder.
Su primera reacción, fue decir que no, que tan a la ligera no podía tomar una decisión que afectaba a toda una familia. «Sin ellos no salgo de Cuba», les dijo. En cuestión de minutos, el director de la prisión le puso al teléfono a su mujer y sus tres hijos, a los que había advertido que no se movieran de la casa.
Tanto Bertha, su esposa, como sus tres hijos, que hoy tienen 24, 23 y 20 años, respondieron rápido que «con tal de que estuviera libre, se marchaban donde hiciera falta». En Cuba, sus dos hijos mayores trabajaban, el pequeño estudiaba. En Madrid, ninguno ha conseguido trabajo.
Primera hora de la mañana del 14 de febrero. Alejandro González Raga es trasladado a la megaprisión habanera de Combinado del Este. Ni un minuto de libertad en Cuba.
El 17 por la noche sale el avión enviado por el gobierno español que le llevó al destierro. Junto a su mujer, sus tres hijos, su nuera, una hermana y una sobrina. El abuelo se unió más tarde al grupo. Y otros tres compañeros de presidio y sus familias: Omar Pernet Hernández, José Ramón Gabriel Castillo y Pedro Pablo Álvarez Ramos, este último hoy residente en Estados Unidos.
Los primeros seis meses vivieron en un hotel de Móstoles. Más adelante, la ayuda del gobierno español les permitió alquilar una casa en la misma localidad madrileña, sacarse el bono de transporte y pagar la comida. Con estrecheces.
La tarjeta de residencia, en teoría según su testimonio, les permitía trabajar. Pero sus dos hijos mayores, «dispuestos a trabajar de cualquier cosa, recibieron la negativa de Mercamadrid porque no tenían permiso de trabajo».
Pasado el primer año, el Gobierno español «se desentiende» de la familia González Raga: «Alegaron que no tenían un mecanismo establecido para atendernos, por lo que nos conminaron a pedir asilo político». Alejandro y Bertha lo obtuvieron el pasado septiembre. Los demás tienen permiso de trabajo y residencia por un año. Pero todo el clan sigue en paro.
Raga «trapichea» con trabajos periodísticos. También ha escrito un libro, «Pasión, prisión y destierro (memorias de un prisionero político cubano)». Ahora todos sobreviven con la ayuda de la Comunidad de Madrid, que les ha facilitado también una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler en Vallecas.
En España asegura que se siente bien, «hambre no se pasa como se pasaba en Cuba, pero sí nos vemos apretados. No sé cómo hubiera sido en otro lugar, éste era el exilio posible y el que tengo que agradecer». A los disidentes «liberados» que viajen a España «se lo pintaré bonito para darles ánimo».
Sólo le pide a José Luis Rodríguez Zapatero que «no los abandone a su suerte».
Carmen Muñoz, ABC