Pero el salario no le alcanzaba para solventar sus necesidades económicas. A veces más, otras menos, Miguel se llevaba parte de los alimentos del almuerzo de los otros trabajadores, para sostener a los suyos. Aceite, arroz, pollo, pescado, huevos, viandas, frijoles… se llevaba lo que podía.
Tenía que asegurar la subsistencia de su familia. En ocasiones, muy discretamente, vendía en el barrio algunos de los productos que hurtaba. Con ese dinero extra cubría otros gastos. Sus hijos necesitaban ropa y zapatos, artículos que sólo venden en tiendas por divisas. Divisas que él no recibe pues su salario es en pesos.
Alguien informó lo que Miguel hacía. Fue separado del centro. Y por ser la primera vez, el tribunal lo sancionó a seis meses de privación de libertad por un delito de hurto. Tuvo que trabajar en un correccional en la agricultura.
En la sentencia no se tuvo en cuenta los motivos que lo llevaron a cometer lo que en buen cubano se conoce como «robo». Desde su nueva ubicación, cuando salía de pase, continuaba llevándose alimentos para su casa.
Antes de 1959, en la legislación penal cubana existía la figura del «hurto famélico». Una circunstancia que, en unos casos, eximía al autor de responsabilidad penal, y en otros, disminuía la sanción. Se apreciaba cuando una persona, hambrienta o indigente, se apoderaba de objetos necesarios para su supervivencia y de las personas a su abrigo.
La ‘justicia revolucionaria’ eliminó esa figura del derecho penal. Se suponía que el gobierno de los barbudos atendía las necesidades de todos por igual. Supuestamente, se había eliminado la vagancia, el desempleo, la mendicidad y los vicios, causantes de miseria.
Visto así, era innecesaria esa figura en el nuevo código penal. Para la legislación socialista, ningún ciudadano, en las nuevas condiciones creadas, tenía una necesidad extrema que lo impulsara a hurtar. Se consideraba que Cuba era una nación en la que todos sus ciudadanos gozaban de la oportunidad y el derecho al trabajo.
Es irónico que en la actualidad sea precisamente la clase ‘proletaria’, la que se encuentra en un estado de necesidad tal, que se ve obligada a hurtar los recursos del Estado para sobrevivir y mantener a su familia. Es uno de los problemas sociales que más afecta a la economía nacional y que el gobierno enfrenta como una “lucha contra las ilegalidades”.
Lo cierto es que a la justicia que aplica la sociedad socialista, le interesa más sancionar como efecto ejemplarizante, que perdonar un hecho delictivo cometido por necesidad. 52 años después, la experiencia demuestra que la revolución ha sido incapaz de atender por igual las necesidades de la población.
Ha aumentado la holgazanería y la indigencia y se ha disparado el soborno y la corrupción. Quedó demostrado que el pleno empleo, por sí solo, es insuficiente para hacer desaparecer la miseria, y con ella, la comisión del «hurto famélico».
La historia de Miguel se repite a diario en muchas familias cubanas. Se puede contar de diferentes formas y con otros personajes. Pero la realidad es una: la crítica situación económica que atraviesa el país desde hace décadas, ha llevado a la mayoría de los trabajadores vinculados laboralmente con el Estado, a convertir el» hurto» en un medio de vida indispensable para subsistir.
Laritza Diversent