En 1996, Cuba se conectó oficialmente a internet, pero el gobierno dejó sentada, legalmente, su política respecto al acceso pleno a los servicios que la red brinda. Desde entonces, la «red de redes» es administrada centralmente por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) y explotada por instituciones estatales autorizadas expresamente por el Ministerio de la Informáticas y las Comunicaciones (MIC).
A partir del año 2000, el gobierno cubano implementó, legal y tecnológicamente, una infraestructura que le permite controlar el acceso de los cubanos a internet, por medio de
una red jeraquizada de entidades estatales, calificadas como proveedoras de «Servicios Públicos de Acceso a Internet».
Ese mismo año, estableció legalmente un punto de acceso común internacional a la red (NAP), garantizando que toda salida internacional a internet se curse desde esa conexión. De esa manera, aseguró que las interconexiones entre usuarios nacionales de internet se encaminarán a través de medios nacionales de transmisión.
A fines de enero de 2011, el gobierno cubano anunció la venta de acciones extranjeras de ETECSA, y también su compra, en 706 millones de dólares, por parte de RAFIN, empresa cubana propiedad de los hermanos Raúl y Fidel Castro. La posesión de la mayor parte de las acciones le permite controlar a su principal proveedor del servicio público de «Transmisión de Datos».
Los proveedores de «Servicios Públicos de Acceso a Internet» no pueden aceptar solicitudes de instalación de personas que no estén debidamente autorizadas por el MIC. Sin embargo, la normativa que regula la actividad los obliga a admitir como usuarios «a todas las personas naturales o jurídicas que lo deseen». No obstante, las propias disposiciones legales hacen la salvedad. Los proveedores ofrecen sus servicios «sin más limitaciones que las impuestas por las disposiciones legales vigentes en el país». Desde 1996, el gobierno cubano declaró que «el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global tendrá carácter selectivo» y «tendrá que estar autorizado por la Comisión Interministerial» integrada por cinco ministros y presidida por el titular del MIC.
Entre otros compromisos legales, estos proveedores «tienen la obligación de definir la autorización a las personas y entidades que requieren utilizar servicios de acceso a internet nacional o internacional», incluyendo «los acceso remotos desde los domicilios o cualquier lugar del país, así como desde el exterior». También tienen el deber de informar el número de usuarios con acceso pleno a internet, los que tengan cuentas de correo electrónico y sus direcciones IP. Igualmente exigió la cifra de computadoras que acceden a la red desde los lugares de residencia y de acceso al público. El proveedor que incumpla lo dispuesto en los Reglamentos del MIC, pierde su licencia de operación.
En 2004, el gobierno cubano denominó «Área de Internet» a los espacios en hoteles, correos, cibercafés, etc, que prestan servicios de navegación por internet y correo electrónico a la ciudadanía entre 1.50 y 10 pesos convertibles (CUC) por una hora de acceso a la web. En 2008 reguló compleltamente el servicio de estos centros, después que el gobernante Raúl Castro anunciara que los cubanos podían recibir servicios en los hoteles, y se autorizara la venta de computadoras en el mercado minorista en divisas.
A partir ese momento, comenzó a desarrollarse la blogosfera alternativa cubana, compuesta actualmente por unos 40 blogs críticos del gobierno, pertenecientes a un grupo de ciudadanos, principalmente jóvenes que actualizan sus sitios desde hoteles, embajadas o con ayuda de familiares y amigos en el extranjero.
Los proveedores también deben bloquear «el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado». Uno de los trabajos de la Comisión Interministerial creada en 1996 era asegurar que la información difundida «sea fidedigna, y la que se obtenga esté en correspondencia con principios éticos, y no afecte los intereses ni la seguridad del país».
Al gobierno cubano principalmente le preocupa que la nueva generación de disidentes use Twitter, Facebook y otras redes sociales online. Estos sitios digitales fueron utilizados para organizar protestas que desembocaron a principios de año en varias revoluciones en el Medio Oriente.
El pasado mes de marzo, el diario Granma anunció, según declaraciones de la Ministra de Justicia, María Esther Reus, que «Cuba ajustará las normas jurídicas vigentes a las decisiones que se adopten como resultado del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba», celebrado del 16 al 19 de abril.
Motivado por la llegada del cable de fibra óptica a Cuba, el viceministro del MIC, Jorge Luis Perdomo, se refirió a la elaboración de la primera Ley de Telecomunicaciones para regular el sector y «promover ordenadamente» los servicios que engloba. El avance en el desarrollo tecnológico que representó la llegada del cabe de fibra óptica a la isla se ensombreció después que la Seguridad del Estado considerase a la «red de redes» como el nuevo «campo de batalla» -una ciberguerra- y los medios oficiales satanizaran el uso de equipos de comunicación.
Frente a estos acontecimientos, no hay duda de que el futuro de internet dentro de Cuba es una interrogante.
Laritza Diversent