Ahora mismo, Teófilo Roberto López, 66 años, está fuera de sí. Camina como un lunático a paso doble por los linderos de su finca, ubicada a tiro de piedra de la Autopista Nacional.
López se encuentra al filo de la navaja. Todas sus posesiones, erigidas con sacrificio y la ayuda de ocho hermanos que residen en Estados Unidos, las tiene pérdidas. Sentado en el amplio y fresco portal de su casa de dos plantas, meciéndose frenéticamente en un sillón de madera color marfil, con el ceño fruncido y un gesto amenazante desahoga su ira.
“Cuando las autoridades entren en mis propiedades para desalojarme, armaré jaleo. Todo esto -y con su grueso dedo índice señala a su alrededor- lo construí en 30 años, para que mi familia y yo pudiéramos vivir con comodidad”, apunta el viejo Teófilo, un señor de mediana estatura, que habla a la velocidad de la luz y de forma nerviosa mueve sus manos.
El caso de Teófilo se remonta a julio del 2009, cuando la ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ordenó a la Dirección de la Vivienda del municipio Arroyo Naranjo, en Ciudad Habana, la ejecución de un proceso de confiscación de bienes a la familia de Teófilo, amparada en el Decreto 149 -ley contra los nuevos ricos- que permite desposeer las propiedades de una persona por “enriquecimiento indebido”.
Ahí comenzó el calvario de la familia López. Si algo ha realizado Teófilo toda su vida es trabajar. Desde que allá por 1944 nació en una plantación perdida de la provincia de Sancti Spiritus, a 400 kilómetros de La Habana, Teófilo ha laborado duro para salir adelante.
En 1996, junto a su hijo Antonio López, de 40 años y su esposa Elsa Ávila, de 60, los López Ávila se iniciaron en un pequeño negocio particular. Levantaron una cafetería a la vera del camino y les fue bien.
Puntilloso en exceso, el viejo Teófilo fue guardando los vales de compra de materiales para la reparación de su vivienda y los del dinero enviado por sus hermanos desde la Florida.
Todos los papeles de sus propiedades los guarda en una carpeta color hueso. “Cuando obtuve esta casa en calidad de propietario, era una choza miserable. Gracias a nuestro esfuerzo, construimos una vivienda amplia y comenzamos a trabajar la tierra”, recurda Teófilo.
La finca familiar tiene 0,6 hectárea, que a vuelo de pájaro se nota que ha sido cuidada con esmero y en ella se pueden ver plantaciones de mango, aguacate, guayaba, naranjas, plátanos y cocoteros enanos.
A esto añádale que Teófilo acondicionó un centro de cría de cerdos y llegó a tener seis vacas que producían cientos de litros de leche. En el mejor momento de la finca y la cafetería, los beneficios superaban los 30 mil pesos (mil 400 dólares) mensuales. Gracias también a las remesas que le giraban del norte, pudo construir una residencia, que para los parámetros cubanos, es «lujosa».
Hasta una pequeña piscina edificó, para pasar el rato con su familia y sus hermanos, quienes visitan la isla hasta tres veces al año. Teófilo reconoce que infringió la ley, cuando su hijo Antonio comenzó alquilar su casa sin tener licencia.
“Pagamos una multa abultada, y nos decomisaron la vivienda del hijo, creo que ése fue el único error de mi familia. A partir de ese momento, las autoridades fueron a por mí. No me han podido pillar en nada ilegal más. Tengo los papales que así lo atestiguan”, apunta Teófilo mientras bebe una taza de café fuerte.
La familia López lo ha intentando todo por la vía legal. Pero no han podido detener la maquinaria burocrática, que le ha puesto el mes de agosto como fecha para mandarlos a la calle. A cambio, le ofrecen una mínima casa, agrietada y húmeda, de una sola habitación.
En lo más hondo de su alma, Teófilo considera que se está cometiendo una arbitrariedad. Y ha pensado lo peor. Desde darle fuego a sus propiedades, hasta plantarse con un fusil de perdigones en medio de su plantación y negarse a abandonarla.
Asesorado por un grupo de abogados de un bufete al margen del control estatal, ha entrado en razón. Laritza Diversent, una de las abogadas que lo ayuda, opina que si en Cuba se respetaran sus propias leyes, el caso de Teófilo saldría adelante, y tendrían que devolverle lo que le han decomisado hasta el momento. Que no es poca cosa: dos coches, una moto e innumerables equipos electrodomésticos valorados en dos millones de pesos, según los peritos oficiales.
Mientras la justicia decide, cada amanecer, la familia López espera que las autoridades, apoyadas por la policía, los desaloje por la fuerza de su finca.
Al margen de lo que ocurra, Teófilo piensa que su mayor delito fue intentar tener una vida próspera. “Y eso en Cuba, no es bien visto», dice bajando la cabeza. Se le humedecen los ojos. “Ya estoy muy viejo para iniciar una nueva vida”.
Iván García
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