Destierros forzosos en Cuba

Un aviso para periodistas disidentes y opositores demócratas en Cuba: antes de viajar al extranjero, obtenga un documento firmado por las autoridades migratorias que le garantice el regreso a la isla. De lo contrario, corre el riesgo que el régimen verde olivo le impida retornar a su patria.

¿Cuál es el delito? Oponerse al sistema y reclamar democracia. ¿Es legal? No. Viola el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que la Cuba fue una de las 48 naciones firmantes el 10 de diciembre de 1948 en París. En sus dos párrafos, ese artículo dice: «1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país».

Impedir el regreso de un ciudadano a su lugar de nacimiento, vulnera otros acuerdos universales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su Artículo 12, acápite 4, dispone que «nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país». Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su Artídulo 22, acápite 5, consagra que «nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado de ingresar en el mismo».

La dictadura militar que gobierna en Cuba se abroga el derecho de autorizar o prohibir la entrada y salida de una persona si la considera una “amenaza para la Seguridad Nacional”, la cataloga como un sujeto de interés para el Estado o supone que infringió normativas administrativas al “desertar en un evento deportivo o una misión del gobierno”.

El pasado mes de mayo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana cursó invitaciones a un grupo de periodistas independientes y activistas para que participaran en la IX Cumbre de las Américas celebrada entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. Fui uno de los invitados. Pero mi pasaporte había expirado y previendo que no me dejaran viajar, o no me permitieran regresar, un abogado me sugirió solicitar una entrevista y un documento oficial firmado por una autoridad migratoria o política que confirmara mi decisión de retornar al país.

En la oficina de Inmigración y Extranjería del municipio Diez de Octubre, en Juan Delgado y Vista Alegre, en la barriada de La Víbora, al sur de la capital, le expliqué a una oficial de inmigración que era periodista independiente y quería saber si me permitirían viajar al evento y después regresar a Cuba. Titubeó antes de responderme. “Un momento, déjame informarle al jefe”. Esperé cuarenta minutos sentado en una incómoda silla plástica. Volvió acompañada de otro oficial de inmigración.

Ninguno quiso darme el nombre, alegaban que ellos no tenían potestad para firmar documentos. Y comenzaron a preguntarme el motivo del viaje. Les pagué con la misma moneda. “Si no tienen autoridad para emitir el documento que solicito, no creo valga la pena contarles el motivo del viaje. ¿A quién tengo que ver?”, indagué. Me dieron un número telefónico donde podía concertar una cita. Nunca me respondieron. Unos días después, al divulgarse que las autoridades prohibían viajar a varios activistas y periodistas invitados a la Cumbre, pensé que no valía la pena hacerme un pasaporte nuevo para que al final me denegaran el viaje. No insistí más.

Con la aplicación del destierro forzoso a la periodista Karla Pérez en marzo de 2021 y posteriormente de las profesoras Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, los disidentes que no tenemos planes de emigrar, debemos ser muy cautelosos. Hasta enero de 2022, más de 250 activistas y periodistas independientes se encontraban ‘regulados’, impedidos de viajar al exterior por motivos políticos, reporto el Instituto Patmos, ong de la sociedad civil cubana.

Desde hace un tiempo, la Seguridad del Estado le dice a los opositores: los autorizamos a viajar si no regresan. Esa arbitraria decisión, violatoria de los derechos humanos, impide a los disidentes participar en eventos a los cuales son invitados o viajar al extranjero por motivos familiares. Sabido es que Fidel Castro no solo sancionó con muchos años de cárcel a sus adversarios políticos, también prohibió los permisos de viajes y mandó tras las rejas a los cubanos que intentaban echarse al mar en un balsa rumbo a la Florida o que tuvieran dólares en sus bolsillos o en sus casas.

Castro I utilizó a los disidentes más connotados encarcelados como monedas de cambio con Occidente. Cada mandatario foráneo que visitaba la Isla traía una lista de prisioneros políticos. Luego negociaban su excarcelación con el barbudo. Raúl Castro intentó vender al mundo supuestas reformas económicas. Fue una formidable cortina de humo. Consiguió dialogar con Obama y restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el enemigo número uno del régimen.

Pero la represión a los opositores no cedió. Solo cambio el modus operandis: de largas condenas a detenciones exprés de unas horas o pocos días. El presidente Miguel Díaz-Canel, delfín elegido a dedo por Raúl Castro, y la junta militar que administran el país, han optado por encarcelar a la disidencia, realizar juicios ejemplarizantes a quienes protestaron el 11 de julio de 2021 e imponer multas o sanciones penales a aquéllos que utilicen las redes sociales para desafiar a la dictadura. Y desde hace un año, se viene aplicando el destierro forzoso a disidentes incómodos. Más que una política arcaica, el destierro es arbitrario.

Excepto gobiernos tiránicos como los Corea del Norte, China o Irán, el resto de la comunidad internacional dejó de aplicar esa normativa medieval. Las prohibiciones de entrar y salir del país no solo afectan a los cubanos que se oponen a un régimen que administra el país como si fuese una finca privada. Al personal de salud enviado en misiones de colaboración a otros países, las autoridades cubanas no solamente le embarga entre el 70 y 80 por ciento de sus salarios, también a los decidan ‘desertar’ les imponen un castigo de ocho años sin poder regresar a su patria. La absurda medida también se le aplica a deportistas y profesionales que abandonan delegaciones oficiales. Si el que huye es un funcionario del gobierno, un dirigente del partido, un diplomático o un militar, la prohibición de entrar a Cuba es perpetua.

La discriminación con la emigración es patológica en el castrismo, porque un emigrante es visto como un traidor, aunque no sea un exiliado político. A unos y otros, Fidel Castro y sus medios de propaganda los llamaron gusanos, escorias, mercenarios… Pero el desbarajuste económico, la incapacidad para gestionar los servicios públicos, generar riquezas y producir alimentos ha obligado a la dictadura más vieja del continente, a cambiar de estrategia.

El cambio se debe a un interés puramente económico. A día de hoy, la emigración es la primera industria en la Isla en la recaudación de dólares, superando a la exportación de servicios médicos y el turismo. Según un ex funcionario de la Corporación CIMEX, el envío de remesas, recargas telefónicas, paquetes con ropas, medicinas o alimentos y gastos de los cubanos radicados en el exterior cuando visitan a sus familias supera los siete mil millones de dólares anuales.

Los emigrados cubanos, un caso exclusivo en el mundo, además de pedir autorización para viajar a su país, tienen que pagar altas sumas, en pesos, dólares o euros, para renovar su pasaporte. A esas medidas discriminatorias hay que añadir la organización de una red comercial, financiera y turística administrada por la empresa militar GAESA, un auténtico gobierno paralelo, que recauda cientos de millones de dólares lucrando con las carencias de los parientes pobres de los emigrados. Con ganancias que oscilan entre el 200 y 500%, GAESA vende alimentos, ropas, zapatos, renta automóviles, habitaciones de hoteles, recargas telefónicas y cobra en divisas los servicios jurídicos.

La desfachatez del régimen llega al punto de etiquetar como ‘turistas’ a los compatriotas que viajan a visitar su familia. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reportó que entre enero y mayo de 2022, 564,847 viajeros internacionales visitaron Cuba. En ese renglón incluyen a los 121,285 cubanos radicados en el exterior que visitaron el país. Un disparate, pues alguien que nació en Cuba no puede ser catalogado como extranjero o turista.

De acuerdo a normas internacionales, los emigrados cubanos debieran tener derechos políticos, participar en elecciones y no perder sus propiedades aunque residan más de dos años fuera del territorio nacional. Intimidar a un opositor con sanciones penales a cambio de emigrar o aplicar el destierro forzos.

Los casos de Karla Pérez, Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola, además de ilegales, son una muestra de la naturaleza despótica de un régimen que intenta frenar los anhelos de libertad y cambio aplicando más prohibiciones y violaciones de derechos humanos.

Iván García

Foto: El sábado 25 de junio, funcionarios de la aerolínea Southwest, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, comunicaron a la profesora y activista cubana Omara Ruiz Urquiola, que no podía abordar el avión para regresar a Cuba por disposición de las autoridades de la Isla. Tomada de Radio Televisión Martí.