Un paredón elevado bordea la sucia y caótica Calzada de Diez de Octubre en la cumbre de Jesús del Monte, barriada al sur de La Habana. Cuando cae la noche, en una explanada frente a la añeja iglesia, varias personas se conectan a internet con sus teléfonos móviles.
El calor sofocante es un buen pretexto para tomar un poco de aire fresco, socializar con los vecinos y opinar de lo mal que está el país. Cintia, enfermera, se pone su mascarilla artesanal y camina hasta la explanada para actualizar su muro de Facebook. Sube fotos que muestran la falta higiene y malas condiciones constructivas del hospital donde trabaja. Luego revisa un sitio donde informan en qué tienda en MLC están vendiendo neveras.
“Hace un año estoy ahorrando un dinerito que me manda mi prima que vive en Miami. El sitio es de compras, pero aprovechamos para quejarnos de la escasez de comida y medicamentos o que Díaz-Canel no encuentra soluciones al montón de problemas que padecemos los cubanos. Las redes sociales son una válvula de desahogo. Las personas pueden opinar y criticar libremente lo que consideran que no funciona. En mi trabajo está prohibido tirar fotos del estado en que se encuentran las salas de ingresos y de los baños hediondos. Tampoco sobre el déficit de medicamentos destinados a los pacientes con Covid. La administración te puede sancionar si se entera. Pero una parte del personal sanitario lo hacemos. Estamos cansados de vivir con la mentira de que Cuba es una potencia médica cuando en los hospitales falta de todo”, afirma Cintia.
Con relación al Decreto-Ley 35 dice que está diseñado para meterle miedo al pueblo y ponerle un zípper en la boca. «Los que apoyan al gobierno a la fuerza han cogido la calle, pero internet es libre. Es de todos. No podemos permitir que nos roben el único espacio de libertad que tenemos los cubanos”, concluye la enfermera.
Después que el régimen verde olivo aprobó el nuevo paquete jurídico para silenciar a las voces discrepantes, en las calles y en las redes sociales se multiplicaron los comentarios de cubanos contra el espurio Decreto. Han surgido hashtags, memes y un amplio registro de opiniones críticas sobre la nueva ley.
Ignacio, taxista particular, opina que después de las protestas del 11J “esta gente (el régimen) ha entrado en pánico. Nos quieren meter el pie. Intimidarnos con tomar represalias a quienes critican o juzgan la mala administración del país. Pero es tarde. Ya los cubanos que opinamos con entera libertad en las redes sociales no nos vamos a callar. El gobierno debe renunciar”.
Armando, diseñador de interiores, condena en duros términos el nuevo decreto. “El gobierno se acaba de quitar la careta y decir ‘Hola, somos una dictadura’. Quieren acallar las críticas para que nadie los juzgue. Que siga la corrupción, el trafico de favores y mantener sus privilegios. Su intención es gobernar sin oposición. Que el pueblo tenga que aplaudir sus supuestos logros. Que las única versiones de que se publique sean las mentiras del noticiero de televisión y las opiniones disparatadas de Humberto López. Están asustados, porque en las redes sociales se ha desvelado cómo vive esa pandilla mafiosa. Sus lujos, viajes al extranjero y comelatas. Quieren acusar de ciberterrorismo al que convoque una marcha de protesta. O tildar de subversión al que publique un video de Sandro Castro o de su prima Mariela mostrando su vida privada repleta de privilegios y ostentaciones. Pero a estas alturas del juego no creo que la gente se muerda la lengua”.
El Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana (GAC), agrupación independiente que preside el abogado Edilio Hernández, sostiene que Cuba no es un Estado de Derecho porque su legislación omite derechos humanos, políticos y constitucionales, duda de la imparcialidad de los tribunales y califica de ilegal el recién promulgado Decreto-Ley 35. Considera que el gobierno carece de jurisprudencia sobre el ciberespacio y no tiene un contrato con Facebook, una plataforma que es de libre acceso y uso. Según el GAC, una norma inferior no puede ir contra la Constitución, donde la libertad de expresión está contemplada.
Un escritor que pertenece a la oficialista Unión de Escritores y Artista de Cuba, UNEAC, subraya que el nuevo Decreto es una aberración jurídica. “Es una normativa que se podría aplicar en el siglo XIX o principios del siglo XX cuando la democracia moderna estaba en construcción. Comparar ese mamotreto jurídico con similares de países democráticos, más que una arrogancia, es una muestra del pleno desconocimiento legal de las autoridades cubanas. No es lo mismo sancionar vestigios de fascismo, racismo o abusos contra las mujeres, que colgarle el cartel de fake news a un médico que pide la renuncia del ministro de Salud Pública o un ciudadano que valora como ineficiente al actual gobierno. Jamás podrá ser catalogada como ciberterrorismo la convocatoria a una manifiestación ciudadana. El gobierno está cayendo en una trampa. Esa polarización es una peligrosa bomba de tiempo».
Según este escritor, pretenden eliminar de un plumazo la diversidad de criterios y las peticiones de que se funden instituciones democráticas. «Gobernar sin cuestionamientos críticos por parte de la prensa y de la ciudadanía. Gobernar a base de miedo y represión y el miedo. Lo que va a pasar es que aumentará el descontento. Al prohibir los criterios distintos, diversos, se están abriendo las puertas a la anarquía, el extremismo y la violencia”.
Oneida, maestra de primaria, piensa que la censura en internet y las redes sociales, «al igual que la amenaza de cortarte el servicio de datos en tu teléfono móvil cada vez que al gobierno le da la gana, decomisarte la computadora o un celular, solo deja como opción que Estados Unidos instale un servicio gratuito y libre de internet para los cubanos. Ojala que tecnológicamente pueda ser posible. Nos quitamos de arriba la censura y los altos precios de ETECSA”. Muchos cubanos piensan como Oneida.
Iván García
Foto: Camiseta que por $22.99 se puede comprar online en Theslimtee, tienda radicada en Portland, Oregón, Estados Unidos. Tomada de la web de la tienda.