A la misma hora que el presidente Miguel Díaz-Canel inauguraba en el Hotel Nacional un foro comercial entre empresarios estadounidenses y cubanoamericanos afines al régimen verde olivo con directivos de empresas estatales socialistas y funcionarios del gobierno, un microbús de color blanco escoltado por patrullas policiales emprendía una redada contra vendedores ambulantes en varios municipios de La Habana.
En el populoso crucero de La Palma, municipio Arroyo Naranjo, al sur de ciudad, Diosbel, dueño de un puesto de venta de frutas, frijoles y vegetales, cuenta que “con el pretexto de combatir las ilegalidades y altos precios la policía decomisó la mercancía a muchos cuentapropistas. A mí me pusieron una multa de 12 mil pesos (equivalente a 100 dólares en la cotización oficial), por vender la libra de tomate a 240 pesos. Me amenazaron con quitarme la licencia si no pongo el precio que el gobierno desea. El inspector, con tremenda prepotencia, no quiso escuchar mis argumentos de por qué vendo a precios tan elevados”.
Cuando usted le pregunta a Diosbel su opinión sobre el encuentro de empresarios radicados en Estados Unidos con el gobierno y en qué pudieran beneficiar al sector privado, esboza una sonrisa irónica antes de responder.
“Esta gente -el régimen- tiene un doble discurso. De cara a la galería internacional simula una apertura. Siempre y cuando favorezcan sus intereses y esas compañías hagan negocios con empresas estatales. Los emprendedores privados y los de las MIPYMES que hagan negocios con esos empresarios serán escogidas por el gobierno. Esa supuesta apertura es pura propaganda. Al igual que en 2015, después del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en diciembre de 2014, el pueblo no verá ninguna mejoría”.
Yandro, dueño de un hostal en la zona antigua de la capital, cree que “el mundo no se puede fiar de los gobernantes cubanos. Mienten una y otra vez y cuando hacen alguna reforma económica, lo hacen obligados por su atroz ineficiencia productiva. Esos cambios no se implementan para elevar la calidad de vida de la población ni favorecer al sector privado. Cualquiera que lea las normativas del trabajo por cuenta propia sabe que el Estado jamás va a permitir la concentración de propiedades y capitales en los negocios particulares. Es considerado un delito. Los negocios e inversiones extranjeras están enfocados para que las empresas militares sean sus socios”.
Una docena de emprendedores privados consultados no espera nada positivo del foro efectuado en La Habana entre el gobierno y empresarios estadounidenses y cubanoamericanos. “¿Cuántos dueños de negocios privados que no estén conectados con el gobierno participaron en ese encuentro?”, se pregunta Sheila, dueña de una peluquería. Y responde de forma concisa: “Ninguno”
Varios emprendedores argumentan que después de cuatro paquetes de medidas aprobados por Obama entre 2014 y 2016 para favorecer a los negocios particulares en Cuba, el régimen tomó nota del modus operandis de Washington y diseñó un entramado de supuestas cooperativas y empresas privadas autónomas que son controladas por las autoridades.
“El gobierno sabe que las leyes del embargo en Estados Unidos impiden hacer negocios con compañías militares como GAESA, CIMEX o FINCIMEX. Por eso crean cooperativas tuteladas por el Estado y pequeños negocios al frente de los cuales figuran antiguos funcionarios gobierno, familiares de pesos pesados de la nomenclatura y militares de confianza que pasan a la jubilación. Quieren colonizar esos emprendimientos privados buscando canalizar financiación estadounidense y crear futuros holding con empresarios de ese país o de origen cubano que no les dé asco hacer negocios con el régimen”, expresa Gustavo, economista.
Desde hace cinco años, a ex oficiales de la FAR y el MININT se les ha permitido abrir pequeños negocios privados. Yoandy Riverón, identificado como el oficial ‘Cristian’ de la Seguridad del Estado, quien hostigó y reprimió a activistas disidentes y periodistas independientes en la provincia Villa Clara, ahora devenido empresario, es dueño de la tienda de calzado Jona’s SURL en el poblado de Camajuaní y fue autorizado a importar materia prima y exportar su producción.
Según un ex directivo de CIMEX “es una estrategia reconvertir funcionarios y militares de confianza en dueños de negocios privados para que puedan burlar el bloqueo yanqui. Desde hace tiempo, personajes importantes del gobierno tienen cuentas en paraísos fiscales y son los dueños de negocios rentables. Utilizan a testaferros y ciudadanos extranjeros como intermediarios para establecer empresas en el exterior. El sueño de los dirigentes en Cuba es aplicar el modelo ruso”.
La naturaleza del castrismo es contraria al libre mercado y la democracia. Los negocios permitidos a los cubanos radicados en el exterior, como Hugo Cancio, presidente del grupo Enterprise, que además dirige el medio digital On Cuba News y Katapulk, un sitio que vende alimentos, artículos de aseo y recargas telefónicas, entre otros, solo acepta tarjetas de bancos foráneos, es “porque benefician directamente al gobierno”, afirma el ex funcionario de CIMEX.
Los emprendedores privados de la Cuba profunda conocen las innumerables trabas del régimen para que no prosperen sus negocios. Eduardo, quien hasta 2019 era dueño de una paladar y un hostal, asegura que “el gobierno autorizó el trabajo privado cercándole con elevados impuestos y múltiples controles del Estado para que no ganen mucho dinero”.
“Cuando la ONAT -institución que rige el trabajo particular en la Isla- ve que estás ganando mucho dinero, ya sea por vía administrativa, jurídica o policial, te cortan las alas. Son demasiados obstáculos. No te dejan importar ni exportar libremente. Te prohíben que tengas un socio extranjero. Debes guardar en el banco el 70 por ciento del dinero que utilizas en el negocio. Y te permiten una sola licencia: no podía ser dueño del restaurante y el hostal, por eso entregué mi licencia”.
“Las condiciones son tan absurdas que te obligan a hacer trampas, pagar dinero por debajo de la mesa y tener doble contabilidad para evadir los altos impuestos. Todos los dueños de negocios lo hacen. Y el régimen lo sabe. Por eso les resulta fácil abrirte un expediente, multarte o decomisarte el negocio cuando ellos deseen. Cuba no es un buen país para hacer negocios”, aconseja Eduardo.
Reinier, emprendedor, desistió en su proyecto de abrir un negocio. “El gobierno dice una cosa en la prensa que es muy diferente a la realidad que vivimos. Como si fuera un plan quinquenal del partido comunista, ahora les ha dado por autorizar MIPYMES. Y quieren obligar a los negocios privados con más de cinco personas que abran una. Esos pequeños negocios nacen con respiración asistida. Muchos frenos. Quise abrir una fábrica de cerveza y entre el papeleo, pagar dinero por la izquierda y el burocratismo me fue imposible. Luego intenté abrir un bodegón para vender alimentos, comprados directamente en Miami, pues tengo visa española, y las autoridades me denegaron la licencia”.
Saul Berenthal, estadounidense nacido en La Habana, conoció de primera mano el complicado y tortuoso laberinto de la burocracia comunista en la Isla. En el otoño de 2015 solicitó permiso para abrir una fábrica de tractores en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Un año después recibió la respuesta del gobierno: No. “Era un muy buen negocio. Se iban a ensamblar tractores económicos. Pero las autoridades no lo vieron viable. Por eso creo que esa reunión con empresarios residentes en Estados Unidos no va a progresar. El gobierno quiere que las firmas extranjeras hagan negocio de acuerdo a sus intereses”, señala el ex funcionario de CIMEX.
Para los emprendedores privados en Cuba, el panorama es aún más complejo. El gobierno los percibe como supuestos delincuentes.
Iván García
Foto: Hotel Nacional de La Habana, 26 de octubre de 2022. Inauguración de un foro de negocios patrocinada por la Cámara Cubana de Comercio y el grupo Focus Cuba, con la participación de empresarios estadounidenses y cubanoamericanos. Tomada de Resumen Latinoamericano.