Desde La Habana

Cuba: En peligro los blogueros alternativos

La libertad personal de los miembros de la blogosfera alternativa está en riesgo después de que medios oficiales los acusaran públicamente de mercenarios.

El 22 de marzo, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, publicó un artículo titulado Ciberguerra: mercenarios en la red. Un día antes, en la serie de reportajes Las razones de Cuba, la televisión utilizó los términos de ‘cibermecenarios’ y ‘ciberterroristas’ para calificar a los blogueros independientes de la isla.

Los calificativos implican acusaciones graves. La legislación penal regula el mercenarismo y el terrorismo como delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Las penas oscilan entre 5 y 30 años de cárcel. Por otra parte, Cuba ha ratificado instrumentos internacionales que le obligan a reprimir tales actividades.

Granma afirmó que «a través de blogueros y redes sociales como Twitter y Facebook, se han alentado en el mundo levantamientos y grandes manifestaciones». Según la televisión, los blogueros utilizan herramientas de Internet para desestabilizar el orden interno de la sociedad cubana.

Granma también afirmó que miles de especialistas «de medios internacionales tienen órdenes de estar pendientes de los mensajes de Twitter y las actualizaciones del blog de la mercenaria», en referencia a Yoani Sánchez, autora de la bitácora Generación Y, hasta la fecha, centro de los ataques de los medios oficiales.

La Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios, califica como mercenario a la persona reclutada para combatir en un conflicto armado o acto concertado de violencia, a cambio de un provecho personal o retribución material. Ni los nacionales de un determinado país, ni sus residentes pueden recibir tal calificativo.

En 2007, el gobierno cubano ratificó la referida Convención, pero con reservas. Declaró que basta la simple retribución material, por el monto que sea, para considerar una actividad como ‘mercenaria’, y que continuaría aplicando la definición que al respecto daba su Código Penal.

Según la ley cubana, ‘mercenario’ es quien, «con el fin de obtener el pago de un sueldo», se une a «formaciones militares», integradas por «individuos que no son ciudadanos del Estado, en cuyo territorio se proponen actuar», y quien «colabore o ejecute cualquier otro hecho» para lograr el mismo objetivo.

«Contra Cuba y otros países considerados enemigos de Estados Unidos se ensaya una variante de la ciberguerra: el fomento de una blogosfera que, aunque se pretende tildar de ‘independiente’, es subordinada de manera total al mando e interés de Washington», afirmó Granma.

«La ciberguerra es un modelo de conflicto que ha aparecido en el escenario de la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), ofreciendo un contexto bélico», definió el diario.

Entre Estados Unidos y Cuba existe un diferendo político de más de 50 años. «Indudablemente el ala conservadora yanqui comienza a potenciar nuevos pretextos y escenarios de confrontación, para calumniar la revolución cubana y propiciar (…) una eventual agresión militar», afirmó Granma.

Y afirmó: «Estos blogueros son gentes que en entrevistas han exhortado al levantamiento en Cuba, han alentado la violencia. Esas nuevas caras de la contrarrevolución se prestan al juego de la estrategia de subversión en internet utilizando deliberadamente la omisión, la tergiversación y la mentira».

La Ley No. 93, Contra el Terrorismo, también sanciona «actos que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados», tienen el propósito específico de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, por poner en peligro inminente o afectar la seguridad del Estado cubano. Entre ellos están los «Actos en ocasión del uso de los medios y técnicas informáticas».
La norma prevé sanciones para quien utilice, cree, distribuya, o tenga en su poder equipos, medios, programas, redes y aplicaciones informáticas, para usar, alterar, etc, información de seguridad o de entidades nacionales capaces de producir los mismos efectos.

Tal vez los medios oficialistas solo intentan desacreditar a los miembros de la blogosfera independiente. Sin embargo, si ése es su objetivo, es injustificada la utilización de los referidos términos. La ley penal cubana es muy abarcadora. Permite a las autoridades interpretarla de múltiples formas.

El caso de Alan Gross constituye el ejemplo más reciente. El estadounidense fue juzgado y sancionado en La Habana a 15 años de cárcel por introducir en el país equipos de conexión satelital. Para los tribunales cubanos, el hecho constituyó un acto contra la independencia y la integridad territorial del Estado.

Las actividades que desarrollan los nuevos rostros de la disidencia interna son pacíficas. No tienen relación con conflictos armados ni con actos de violencia. Por tanto, es totalmente infundado calificarlos de ‘mercenarios’ o ‘terroristas».  Lo más probable es que actualmente, y usando los medios de comunicación en poder del Estado, se esté preparando el camino para silenciar las voces alternativas en la sociedad cubana.

Laritza Diversent

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