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El lunes 15 de enero, pasadas las seis de la tarde, Liudmila González, 36 años, caminaba rumbo a su casa en el barrio de Atarés, municipio Cerro, a diez minutos del centro de La Habana, cuando dos muchachos en una moto eléctrica pasaron junto a ella y le quitaron dos bolsas con alimentos recién compradas en un mercado estatal que vende por divisas.
“Me dislocaron un hombro y me arrastraron por la calle antes de que pudiera soltar las jabas. De inmediato fui a la policía e hice la denuncia. El instructor me dijo que abrirían una investigación, pero no me daba muchas esperanzas, pues cada vez hay más pandillas en las calles cometiendo atracos y el MININT no tiene los recursos suficientes para enfrentar esa ola delictiva”, cuenta Liudmila.
“Imagínate que tú vayas a las autoridades y te digan que no pueden enfrentar a la delincuencia. ¿Entonces qué puede hacer la gente? Cuando ponen un cartel contra el gobierno aparecen cinco carros de patrulla y una pila de segurosos empiezan a investigar. Pero cuando a un ciudadano le roban, no hay computadoras para hacer retratos hablados, productos químicos para tomar huellas en la escena del delito ni perros entrenados para seguir el rastro de los rateros. Todo ese paripé se queda en las series policiales que pasan por la televisión y donde siempre atrapan a los ladrones. En la vida real es diferente”, afirma González.
A Yeison, músico, le han robado dos veces en su casa en menos de un año. “La primera vez me llevaron los comprensores de los split que tenía en la azotea. En la segunda ocasión, estaba fuera del país, entraron, y cargaron con todo. Supongo que necesitaron una camioneta para llevarse tantas cosas. Nadie vio nada. Y cuando voy a la policía me repiten el mismo lema: estamos trabajando en el caso. Dudo mucho que agarren a los ladrones”.
Una anciana jubilada que reside al sur de la capital y prefirió no dar su nombre, opina que más alarmante que el aumento de la criminalidad es “la indiferencia del gobierno, que en vez de implementar paquetazos económicos que empobrecen al pueblo o pagarles míseras chequeras a los jubilados que los tienen pasando hambre, debiera realizar una batida contra la delincuencia. El país se les ha ido de las manos. Quieren vender la historia que la gente apoya al sistema y es feliz en una nación donde los servicios básicos no funcionan y la policía es inefectiva».
Y se pregunta: «¿Para qué queremos los cubanos un dictador mediocre como Díaz-Canel que es incapaz de manejar la economía o mantener la seguridad ciudadana? Cuba necesita a un tipo como Bukele que acabe con la delincuencia. Si hay que fusilar a los ladrones, lo apruebo. Me he vuelto paranoica. Cada vez que mis hijos me envían comida o dinero (vive sola) intento que los vecinos no lo sepan. A veces hasta los que traen paquetes de alimentos o dinero se prestan a estafarte o les pasan la información a los rateros y después te roban”.
En 2023 hubo en el país 88 feminicidios. Ha mediados de diciembre pasado, la adolescente de 16 años Melani García Lorenzo, residente en Lawton, fue asesinada, presuntamente, por su pareja. Su madre relató al medio independiente Cubanet que llamó 22 veces a la policía cuando el agresor se llevó por la fuerza a su hija y a su nieto de dos años. Cuando la policía apareció ya era demasiado tarde.
En febrero de 2023, ante las amenazas de su ex pareja, un hombre mayor, Leidy Bacallao Santana, 17 años, intentó buscar refugio en la estación policial de su localidad, en Camalote, Camagüey. Fue ultimada justo en el lugar donde debió ser protegida.
En las tres primeras semanas de enero de 2024, observatorios independientes verificaron cinco feminicidios y reportaron denuncias de pasividad por parte de las fuerzas policiales. El 11 de enero, Dailene Fernández Carasa, 34 años, fue agredida en su propia casa por su pareja, que luego se suicidó. La joven residía en el reparto Alamar, municipio Habana del Este. Numerosas fuentes ciudadanas denunciaron la supuesta inacción policial por parte de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no procedió a entrar al domicilio.
Un ex oficial del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones), asegura que “al igual que el país ha retrocedido cualitativamente en materia de salud pública, educación y producción azucarera, en el orden profesional las fuerzas policiales dejan mucho que desear si se compara con el trabajo que hacíamos hace veinte años. Para ser investigador policial se debe tener vocación. Y actualmente la mayoría de los instructores no tienen aptitud suficiente. Como muchas instituciones en Cuba, el cuerpo policial también se ha corrompido y los oficiales están más para resolver combustible, dinero y comida que para trabajar”, explica y añade:
“La técnica se utiliza principalmente en los homicidios o en robos a instituciones del Estado. Los casos resueltos han disminuido dramáticamente. Hace dos décadas se solucionaba del 80 al 90 por ciento de los delitos. Ahora el índice no supera el 50 por ciento. Años atrás, además de mayor calificación profesional, los cuerpos policiales se apoyaban en los jefes de sectores y los CDR que nos daban información. Ahora los CDR no funcionan. Y la población, por desconfianza en las fuerzas del orden, no suelen denunciar los hechos delictivos. Antiguos delitos como el juego ilegal y la prostitución ya no se esconden. Tampoco la venta de mercancías robadas en almacenes estatales. ¿Quién va a denunciar al que vende carne de res si está obligado a comprarle? Actualmente,m muchas personas suelen tomar la justicia por sus manos. Otros, con alto poder adquisitivo, instalan cámaras de circuito cerrado, alarmas y blindan sus casas como si fueran bunkers. Incluso tienen armas de fuego”
Diario Las Américas preguntó a 18 personas de los dos sexos en edades comprendidas de 19 a 86 años y todos coinciden que las sanciones penales debieran ser más severas. 16 de los 18 encuestados, entre ellos Ingrid, están a favor de que “condenen a pena de muerte a cualquiera que asesine a viole, asesine una persona o entre en una casa a robar. No puede ser que por matar una vaca te sancionen a veinte años y por asesinar a un ciudadano le impongan la misma sanción”.
Por su parte, Sergio, otro encuestado, dijo que hace cuatro años le me robaron un teléfono móvil y la cartera con el dinero. «Por suerte la gente pudo atraparlo. Al ladrón le echaron seis años de cárcel y por ‘buen comportamiento’ ya está en la calle. Sin embargo, tengo vecinos que lo sancionaron a treinta años por gritar libertad en las protestas del 11-J”.
En los últimos cinco años, además de aumentar los asesinatos, han surgido nuevas variantes delictivas como el secuestro. “A un pariente mío le robaron el carro y le pidieron a cambio 4 mil dólares para recuperarlo. Al no tener esa cantidad de dinero, le robaron todas las piezas del automóvil y luego le quemaron la carrocería. La policía no ha cogido a nadie”, contó Rigoberto, uno de los 18 entrevistados.
La ola de violencia pudiera ser una de las causas del descenso de los viajes a la Isla de cubanos radicados en el extranjero. En 2019, 623.975 cubanos residentes en el exterior visitaron el país. El año pasado viajaron a Cuba 358.480 compatriotas, un 42.55% menor que cinco años atrás.
Indira, residente en Miami, tenía intención de viajar a La Habana, a visitar a sus abuelos y pasear con una amiga. «Pero mis padres me desaconsejaron al conocer el nivel de violencia que hay en Cuba. Al final cancelé el vuelo”.
El 7 de enero, Yorjelguis Bolaños Fernández, 41 años, un cubano residente en Estados Unidos y padre de tres hijos, desapareció en la localidad de Madruga, provincia Mayabeque. Diez días después apareció muerto en San José de las Lajas.
Diariamente, en medios independientes y en las redes sociales, aparecen denuncias de robos con violencia y asesinatos y en casi todos los ciudadanos acusan a las fuerzas del orden de inacción policial. Mientras, la prensa oficial da la callada por respuesta.
Iván García
Foto: Tomada de Martí Noticias.
