Hay algo real. Castro II, aunque no ha firmado ningún documento, ni se ha comprometido públicamente y la ley mordaza sigue flotando incólume sobre el aire de la república, ha tenido como estrategia soltar lastre liberando al grueso de los presos políticos en la isla.
Si los jerarcas de verde olivo que rigen los destinos de Cuba excarcelaron a más de un centenar de disidentes en los últimos meses, fue simplemente para inhalar oxígeno político. Después de la muerte producto de una huelga de hambre del opositor pacífico Orlando Zapata Tamayo, en febrero de 2010, el General hizo una tregua y aparentó izar bandera blanca.
La mediación de la iglesia católica y del ex canciller español Miguel Ángel Moratinos para apaciguar a las enardecidas Damas de Blanco y, las liberaciones a plazos de 52 opositores condenado a largas sanciones penales, fue una movida inédita de los Castro.
En cierto modo, descolocó a la atomizada disidencia interna y obtuvo la aprobación de una buena parte de la opinión pública internacional. Lo que necesitaba Castro II para aplicar sus reformas moderadas era menos tensión interna. Recuerden que iba dejar en la calle a más de un millón de trabajadores y eliminar subsidios y gratuidades en un plazo de tres años.
Para que los cubanos comunes vieran que el futuro no era una palabra de ciencia ficción, abrió la mano con el trabajo por cuenta propia. Los que tuvieran dinero debajo del colchón o parientes en Miami que les giraran dólares, podrían vender sin preocupación pizzas de queso, jugos y refrescos.
Pero mientras el General aplicaba sus nuevas políticas, lanzaba un mensaje de miedo a la disidencia pacífica. “Las calles son de los revolucionarios”, advirtió en su informe al VI Congreso del Partido. De un tiempo acá, es evidente el nerviosismo entre los talibanes ideológicos, veteranos de guerras asociados en grupos paramilitares y fuerzas policiales y de la Seguridad del Estado.
A cualquier llamado de la oposición en plazas y parques, con antelación, los tipos duros de la inteligencia esperan iracundos para desmontar posibles celebraciones, mítines o protestas callejeras. Tanta polarización suele caldear los ánimos.
La muerte de Soto García es un ejemplo de ello. Según fuentes de la oposición en Villa Clara, provincia a 270 kilómetros de La Habana, el rife-rafe comenzó con una discusión entre Soto y agentes del orden público. La disputa se calentó. El opositor optó por gritar consignas antigubernamentales y la policía por reprimir con un exceso de violencia. 48 horas después de la golpiza, Juan Wilfredo dejaba de existir.
Las causas de su muerte están confusas. Para un sector de la oposición, el fallecimiento de Soto fue debido a la brutal paliza. A la carrera, blogueros oficialistas desmintieron la noticia, asegurando que la causa del deceso fue debido a una pancreatitis. Posteriormente, el gobierno hizo pública una nota informativa.
La cuestión no es justificarse o culparse unos a otros. Ha muerto un hombre. Y en mi opinión, lo preocupante es la enorme capacidad de odio que se está incubando en la sociedad cubana. A falta de diálogos, insultos. Si protestas contra el gobierno, recibes una paliza. Esa escalada de violencia verbal y física hay que frenarla.
Nada se gana. El gobierno debe y tiene que aceptar que hay gente que piensa diferente. La calle es de todos. Las discrepancias ideológicas, no pueden, no tienen por qué desatar la furia de los que detentan el poder ni de sus seguidores. Seamos civilizados. Si no abrimos espacio a la conciliación y la plática, el futuro de Cuba siempre estará preñado de odios. No es un problema de bandos. Es un problema de madurez y respeto por los derechos del prójimo.
Más tarde o más temprano, Cuba se regirá por normas democráticas de convivencia. Las fanfarronerías y bravuconerías baratas, como la escuchada en la calle, de un militar jubilado que amenazante dijo “Que se cuiden los ‘mercenarios’, que en caso de jaleo, los muertos los van a poner ellos”, me dejó un mal sabor de boca.
Si el gobierno de Raúl Castro no toma cartas en el asunto y le pide prudencia a sus cuerpos policiales, muertes como la de Juan Wilfredo Soto García volverán a ocurrir.
Iván García
El último adiós
Juan Wilfredo Soto García era secretario de la Comisión de Atención a los Presos Políticos de la Coalición Central Opositora, que preside la destacada disidente Idania Yanes Contreras. Falleció en la madrugada del domingo 8 de mayo, a causa de una pancreatitis aguda, tres días después que cuatro policías uniformados lo golpearan por negarse a abandonar el Parque Vidal de Santa Clara, su ciudad.
Los golpes motivaron el ingreso de urgencia en la sala de terapia intensiva del hospital Arnaldo Milián. El cuadro clínico, complicado por enfermedades padecidas por Soto, como diabetes, problemas cardíacos e hipertensión arterial, se agravó por las lesiones sufridas en sus órganos internos. «Los médicos dijeron que los golpes que le dieron a la altura de los riñones, provocaron que se regara un líquido que afectó el hígado y el páncreas», confirmó el opositor Guillermo Fariñas.
Conocido como «el estudiante», Soto García había cumplido tres condenas por motivos políticos, la primera siendo apenas un adolescente. Deja dos hijos, de 14 y 20 años. «La familia está afectada», dijo Fariñas desde la funeraria, donde 45 opositores acudieron a darle el último adiós.
Laritza Diversent