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Wilfredo Vallín, un cruzado de la ley

El abogado Wilfredo Vallín Almeida, 62 años, es un hombre de leyes. En toda la extensión de la palabra. Es un convencido  de la democracia y el Estado de Derecho. Y cree posible, que un día no lejano, en Cuba se establezca un marco legal donde la legislación sea igual para todos. Sin excepción.

Los excesos y abusos del gobierno de los Castro en detrimento de los derechos ciudadanos, es una realidad en Cuba. La ignorancia jurídica de la población propicia su vulnerabilidad. Por ese motivo, en octubre de 2008 un grupo de ocho abogados, encabezados por  Wilfredo Vallín, decidieron formar la Asociación Jurídica Cubana, con el fin de elevar el conocimiento de las leyes entre la ciudadanía.

La Asociación trabaja en la creación de materiales didácticos que permitan a la sociedad civil cubana, la comprensión no sólo de las leyes que se le aplican, sino también de la Constitución de la República y los derechos fundamentales en ella contenidos. También brinda  asesoría  jurídica a la población de forma gratuita. En Cuba, el asesoramiento legal es asunto del Estado. Pero ese servicio es deficiente y costoso. Debido a la limitada actuación que permite la legislación nacional a los juristas, las orientaciones de los abogados se limitan a indicar los trámites o pasos seguir en determinados procesos legales sean civiles, penales o administrativos.

La Asociación igualmente se encarga de la educación jurídica de la población, con un alto índice de analfabetismo en materia legal.  Por ello, a partir del primer trimestre de 2008, se dio a la tarea de impartir seminarios, asequibles a personas no versadas en asuntos jurídicos, e impartirlos como asesoría jurídica a quienes así lo solicitasen. En estos cursos, se dan a conocer elementos de la Teoría Constitucional, Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Internacional y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados por Cuba en febrero de 2008.

El primero de estos seminarios se impartió en la barriada de Los Pinos, en la periferia de la Ciudad de La Habana. Participaron unas 25 personas, en su mayoría miembros del Partido 30 de noviembre, grupo opositor que se autodefine de línea dura. Pero la última clase fue  impedida por miembros del Departamento de Seguridad del Estado.

Lo ocurrido motivó que se dirigiera una carta abierta a la Ministra de Justicia, María Esther Reus, a quien le fue entregada en su ministerio.  En la misiva se denunció la arbitrariedad, se comunicó que los cursos continuarían  y se invitó a las autoridades a participar, o monitorear de la forma que lo entendieran pertinente el contenido y exposición de los seminarios. Jamás respondieron.

La Asociación Jurídica Cubana no desistió. Y siguió con los cursos, que son acogidos con gran interés por los ciudadanos. Se decidió reducir su participación a no más de 12 personas. En el curso organizado con miembros de la Comisión de Atención a Presos Políticos y sus Familiares, grupo disidente de carácter humanitario, la historia se volvió a repetir. Agentes de la Seguridad del Estado  comunicaron que el curso no podía continuar.

Con el Código Penal en la mano, el abogado Vallín,  solicitó a los agentes que le indicaran los artículos en los cuales fundamentaban su prohibición, pero no quisieron ni tocarlo, insistiendo en su posición. Cuando Vallín argumentó que no podían prohibir lo que la ley no prohíbe y que podían cometer abuso de autoridad con su actuación, uno de los agentes se acercó y le dijo a Vallín:

-En el país hay una situación especial, y cuando hay una situación especial, el Código Penal, la Ley y la Constitución, somos nosotros.

El incidente motivó una segunda carta a la Ministra de Justicia, igualmente sin respuesta. A raíz de los  acontecimientos, Wilfredo Vallín fue citado por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado para “una conversación” en una unidad de policía. En Cuba, el conocimiento de la ley es visto como un peligro potencial  para las autoridades.

Durante la cita policial, los agentes le dijeron a Vallín que estaban preocupados por la realización de los cursos.  La principal objeción, argumentaron, radicaba en el tipo personas que los recibían. Para la policía política, la sociedad civil está dividida en dos clases de personas: las comunes y corrientes, y las que buscan “avales” de participación en acciones antigubernamentales, con el fin de obtener visas para viajar a Estados Unidos. Según estos agentes, los cursos impartidos por la Asociación Jurídica Cubana, daban “a los buscadores de avales (visas), recursos para luchar u oponerse a las leyes nacionales”.

-No alcanzo a comprender cómo llamar a los ciudadanos a conocer y respetar las leyes, es enseñarlos a defenderse de las mismas leyes. Me parece un galimatías sin sentido, afirma el licenciado Vallín.

Los oficiales de la Seguridad del Estado reconocieron que no tenían objeciones contra los cursos, siempre que no fueran con ese “tipo de gente”, porque “en algún momento podían utilizar el conocimiento jurídico como una forma de atrincherarse contra la revolución”.

Con respecto a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, firmados por Cuba, pero pendientes de ratificación por parte del Consejo de Estado, los integrantes de la policía secreta que citaron a Vallín, afirmaron que “había encaminado un proceso que se cumpliría en algún momento”, sin especificar cuándo.

En realidad son dos Pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996 y puestos en vigor el 23 de marzo de 1976. Por lo regular se hace referencia ambos denominándolos Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York.

Luego de una década esquivándolos, en 2007 el gobierno cubano anunció que los firmaría. Finalmente fueron suscritos por el entonces canciller Felipe Pérez Roque, el 28 de febrero de 2008. El quid del asunto está en que los Estados firmantes quedan obligados a modificar el ordenamiento jurídico interno, para dar entrada a las normativas promulgadas por estos dos Pactos. En la Isla, pocos creen que el régimen los ratifique y volverá a irse por la tangente, como desde hace 51 años viene haciendo con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Después que la Seguridad del Estado diera esa respuesta ambigua sobre los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el abogado Vallín le hizo una carta abierta al Coordinador Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), donde le proponía impartir seminarios acerca de las leyes del país a nivel de cuadra.

La Asociación Jurídica Cubana publica un boletín, dedicado a explicar los preceptos constitucionales. Una especie de abc de la ley suprema del país. Para 2010, contempla la preparación de recursos audiovisuales que le permitan a los ciudadanos autodefenderse ante los excesos de poder de las autoridades policiales y judiciales.

Opositor pacífico desde hace más de 15 años, en la actualidad Vallín imparte la asignatura de Ética y Derecho en la academia de periodismo digital, creada por la bloguera Yoani Sánchez y su esposo, Reinaldo Escobar. Tanto su título de abogado como de economista, los ha obtenido de forma autodidacta, por medio de la educación superior a distancia.

Si hay un hombre en Cuba que cree en las leyes y la Constitución de la República, ése es Wilfredo Vallín Almeida. Él está convencido de que ninguna persona o institución pueden estar por encima de la Carta Magna. Ni siquiera los gobernantes.

Laritza Diversent

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Periodista oficial primero (1974-94) e independiente a partir de 1995. Desde noviembre de 2003 vive en Lucerna, Suiza. Todos los días, a primera hora, lee la prensa online. No se pierde los telediarios ni las grandes coberturas informativas por TVE, CNN International y BBC World. Se mantiene al tanto de la actualidad suiza a través de Swissinfo, el canal SF-1 y la Radio Svizzera, que trasmite en italiano las 24 horas. Le gusta escuchar música cubana, brasileña y americana. Lo último leído han sido los dos libros de Barack Obama. Email: [email protected]

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