Desde La Habana

Una pesadilla en Las Tunas

El pasado 21 de junio, dependencias del Instituto Nacional de la Vivienda en Las Tunas dieron un ultimátum para que abandonara su hogar, a la hija y nietos del fallecido Gustavo Valeriano Sánchez Urquiza, un combatiente que participó en la lucha guerrillera librada por el Ejército Rebelde en la zona oriental.

La Dirección Provincial de la Vivienda de Las Tunas, recibió de la Fiscalía y del Órgano de Investigación Criminal y de Operaciones del Ministerio del Interior, instrucciones de confiscar el inmueble, propiedad de Deysi Graciela Sánchez Rivero, ilegalmente arrendado por su hija a un extranjero.

Según la resolución que decretó la pérdida del derecho de propiedad, y ocupantes ilegales a sus moradores, “el inmueble se arrendó por horas, de forma ilegal, un cuarto y un baño, al ciudadano extranjero Andrea Ghiotto, para que éste a su vez sostuviera relaciones sexuales con mujeres”.

La Sentencia No. 92/2011 del Tribunal de Las Tunas, alega que Andrea Ghiotto, de nacionalidad italiana, formó un equipo local  de fútbol en los años 2006 y 2007, con la anuencia de las autoridades deportivas. Incluso propició la celebración de partidos internacionales e hizo considerables donaciones de avituallamiento, pues es un hombre con mucho dinero.

Andrea, famoso en toda la provincia, es considerado el rey del fraude fiscal en Italia. Acusado de corrupción en su país, obtuvo su libertad gracias a una confesión que implicó a funcionarios  públicos y más de un centenar de empresarios.

En marzo de 2010, Ghiotto realizó su último viaje al territorio tunero. Entonces fue detenido y expulsado de la isla, tras reconocer haber sostenido relaciones sexuales con más de una treintena de jovencitas en viviendas particulares.

Generalmente, las autoridades cubanas procesan a los ciudadanos que arriendan habitaciones a extranjeros sin autorización, por el delito de proxenetismo y trata de persona, y en un proceso administrativo independiente, disponen la confiscación del inmueble, en virtud del Decreto-Ley 232/03 del Consejo de Estado.

Esa disposición legal dice que “la confiscación podrá disponerse contra los propietarios, incluyendo aquéllos que alberguen en la vivienda a un tercero que comete el delito, “siempre que la ocasión o las circunstancias evidencien o hagan suponer racionalmente que tiene conocimiento o relación con los hechos”.

Desde hace más de cuatro años, ella vive con su señora madre, Teresa Esther Rivero Vargas, una anciana de 89 años, diabética, con cáncer de mama y fractura de cadera, quien también colaboró con la guerrilla rebelde.

Según las autoridades, la propietaria conocía el asunto porque había solicitado autorización para arrendar y le fue denegada, al estar la vivienda situada a menos de 75 metros de una escuela. El hecho, en vez de ser apreciado como un intento de cumplir la legalidad, resultó ser una agravante en el caso.

Deysi Graciela, hija del combatiente Sánchez Urquiza, recurrió la Resolución de la Dirección Provincial de la Vivienda de las Tunas, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, que reafirmó la confiscación. Como última opción y ante la imposibilidad de pedir justicia ante los tribunales, solicitó los oficios del Presidente del Gobierno Provincial, pero éste reconoció no tener poder para resolver su caso.

“Es una pesadilla”, dijo entre lágrimas Deysi Graciela, quien aún sigue apelando a las autoridades para defender su derecho de propiedad. “Esto no puede ser por lo que mi padre luchó y estuvo dispuesto a dar su vida. Gracias a Dios no está con nosotros, si estuviera vivo moriría de decepción”.

Laritza Diversent

Foto: Eyanex, Panoramio. Las Tunas, Fuente de las Antillas.

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