La Habana, prohibida para orientales

¿Puede un francés ser ilegal en París, un inglés en Londres o un español en Madrid? La respuesta parece obvia y estúpida. Sin embargo pregunte si un santiaguero, tunero o guantanamero puede ser un ilegal en Ciudad de la Habana.  Sí, es posible. Es que Cuba es el país de los absurdos y su capital, la madre de la ilegalidad.

Es pretencioso, pero se debe llamar la atención sobre las vidas frustradas, los sueños imposibles y deseos reprimidos de los que han nacido en Cuba. Una isla que apenas de divisa en el mapamundi. Sobre todo en estos tiempos, cuando la humanidad vive azotada por desgracias de diversa índole.

Pero en Cuba hay miles de historias que merecen ser contadas. Voces silenciadas por la imagen de un gobierno que oculta la verdad, para no reconocer que el sistema político, económico y social impuesto a sus ciudadanos por más de cincuenta años, es un completo fracaso. Repasemos una historia.

Once de la noche del 22 de diciembre de 2009. El ciudadano Ibrahim Alayo Meriño comparece ante el teniente José García Brón, oficial actuante en la unidad policial del Capri, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Luego de identificarse, tiene que firmar el acta de detención.

Alayo es un joven negro de 36 años. Su carnet de identidad dice que es natural de Ciudad de la Habana, pero en la actualidad es vecino de Campamento número 140, entre 20 y 22, Santiago de Cuba. Ibrahim sabe que es inútil explicar por qué está en la capital. La ley lo declara ilegal, y como tal, debe ser detenido y deportado a su lugar de residencia.

Así lo ordena el Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”. Dicha disposición prohíbe a los cubanos, provenientes de otros territorios del país, residir, domiciliarse o convivir con carácter permanente en la capital sin autorización.

El problema de la emigración del campo hacia la ciudad comenzó a agudizarse, en Cuba, en los años 80. “La Habana no aguanta más”,  dice el estribillo de uno de los más sonidos hits de los Van Van, orquesta número 1 de la música popular en la isla. Incluso, a los oriundos de la regiones orientales del país, en la capital les llaman  «palestinos».

A las migraciones internas se les buscó la solución más fácil: prohibir y sancionar. El gobierno cubano, al poner en vigor el referido decreto-ley, limitó los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos que no residen en la capital del país. Supuestamente para asegurar el derecho a la higiene de los habaneros.

La historia de Ibrahim es de las más sencillas. Nadie se imagina hasta dónde pueden llegar los tentáculos de una disposición jurídica, ampliamente aplicada por todos y cada unos de los órganos e instituciones del Estado.

La norma también se le aplica a los habaneros, provenientes de otros municipios de la capital, que sin la correspondiente licencia, se domicilien en una vivienda ubicada en los municipio de La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de Octubre.

Y hasta se llega al extremo de multar por ilegal, a un ciudadano que tenga la dirección reconocida en un municipio capitalino, pero resida en otro, aunque éste no sea de los clasificados como «zonas congeladas».

La contradicción mayor en la Constitución de la República, que en su artículo 43, reconoce que los cubanos pueden “domiciliarse en cualquier zona o sector”. Derecho, que según el precepto, fue “conquistado por la Revolución”.  De lo que se deduce que  si ella te lo da, también  tiene la facultad de restringírtelo o quitártelo.

Tampoco importa si la violación de un derecho, implica la vulneración de otros. Los centros laborales no contratan, las escuelas no matriculan y las farmacias no expiden los medicamentos regulados por tarjeta, si el ciudadano, sea niño o adulto, no tiene la dirección que le corresponde.

Los órganos policiales, las direcciones municipales de la vivienda y las oficinas del registro de direcciones, se encargan de ejecutar al pie de la letra la norma. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido multados varias veces por «ilegal».

Sin embargo, la ley no se aplica a todos por igual. El 99,9 por ciento de los miembros de los órganos policiales son de las regiones orientales del país. El gobierno a ellos si les da licencia para residir en la capital, aún sin tener domicilio reconocido.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. El gobierno cubano dice que defiende los derechos humanos. Pero prohíbe y sanciona a los ciudadanos que osan ejercer sus derechos.

¿Puede un Estado limitar  las facultades  humanas de un grupo de sus gobernados, para garantizar supuestamente el derecho de otros? ¿Acaso todos no disfrutamos de los mismos derechos y somos iguales ante la ley?

La Declaración Universal  es clara en ese sentido. Ningún precepto puede interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la misma.

Un gobierno que hipócritamente critica a la Unión Europea y a Estados Unidos, por tomar medidas para controlar el flujo migratorio proveniente de otras naciones. Sin embargo castiga con multas y deportación, a un cubano que permanezca en la capital sin su permiso.

La historia de Ibrahim Alayo Meriño es sólo un ejemplo de los miles que a diario sufren los cubanos dentro de su país. Desde 1997 está en vigor un decreto que violenta los derechos de casi 12 millones de personas. Ningún tribunal o autoridad se atreve a declararlo inconstitucional.

Hacía cuatro años que Ibrahim se había se mudado a Santiago de Cuba, donde reside su nueva familia.  Viajó a La Habana para pasar los días de Navidad y fin de año con sus padres, que viven en la capital. Pero a las autoridades eso no les interesó y consideraron que había desbodecido la ley. Por ello durmió en un calabozo y a la mañana siguiente fue deportado.

Son algunas de las voces silenciadas y las historia de las cuales no se habla. Pero que están ahí. Ciudadanos indefensos antes los excesos de poder  de un gobierno que no sólo ha convertido la capital de todos los cubanos, en una ciudad prohibida para muchos, si no también en  cuna de la ilegalidad.

El gobierno tiene un modo muy particular de aplicar las leyes. Cerrando a cal y canto La Habana es una de esas maneras. Aunque para la justicia cubana no todos son iguales. Los hermanos Castros también son orientales. Por supuesto, a nadie se le ocurriría pensar que son ilegales.

Laritza Diversent