La declaración del mayor Acanda fue también determinarte para el Tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial corroboró y confirmó que la acusada, en la fase investigativa, había reconocido su participación en los hechos. Olga Lidia alega que dos veces le negaron la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido por la ley.
“Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, la sola declaración de las personas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos”, reza el Artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.
La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior era Franklin García, ciudadano venezolano vinculado a agentes del deporte profesional y que los dos se comunicaban por correos electrónicos. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.
Franklin García viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jugadores de béisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre García y Olga Lidia no era clara ni precisa. Y asumieron que, por el tipo de información, era lógico que tuviera que ponerse en otro contexto y de una forma figurada, para evitar ser entendida por terceros.
La comunicación fue determinante para que los jueves, una vez conocidas las intenciones de la acusada, se convencieran de su culpabilidad.
Ella se declaró inocente. En el bufete colectivo de Centro Habana contrató los servicios del abogado Máximo Averoff. Confió en él cuando le dijo que no hablara en el juicio. Al darle ese consejo, el letrado la hizo responsable de un delito de salida ilegal del país.
Olga Lidia no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás pasó por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para salir del país. La idea de sufrir prisión la llevó a atentar contra su vida. Sus expectativas han cambiado. Busca ahora agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia. Pero el silencio de las autoridades le impide invocar nuevamente al Tribunal Supremo.
Interpuso un recurso de queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina leyeron la respuesta, pero no le dieron copia por escrito.
Contra el abogado presentó reclamación ante la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, por incumplimiento del contrato. Al jurista Averoff lo sancionaron administrativamente: durante seis meses, trabajó como mensajero en su centro.
Aunque no le dieron copia, esa respuesta es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal. El bufete colectivo de Centro Habana, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito.
Recientemente, interpuso una reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Olga Lidia Ramírez Maura no pierde la esperanza de que le permitan demostrar su inocencia.
Laritza Diversent
Foto: Olga Lidia y su hija, tomada de Misceláneas de Cuba.