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Cuba, pandemia, represión y ley del azote
Cuba, pandemia, represión y ley del azote

Cuba, pandemia, represión y ley del azote

Es evidente que Mónica Baró, 31 años, periodista independiente, disfruta las redes sociales. La joven es extrovertida, agradable y muchas veces divertida. Igual aconseja a sus seguidores para que vean un filme de calidad, ofrece recetas de cocina, que lanza un reto y baila como un trompo delante de la cámara al compás de Los Van Van.

También denuncia la detención del periodista guantanamero Roberto Quiñones, sancionado arbitrariamente a un año de cárcel por el delito de «resistencia y desobediencia a la autoridad». O acusa al gobierno de responsable por el trágico accidente donde fallecieron tres niñas ocurrido el 27 de enero en la barriada habanera de Jesús María.

Por su calidad narrativa e imaginación, Baró es ahora mismo una de los mejores periodistas cubanas. Es capaz de escribir un extraordinario reportaje de investigación titulada La sangre nunca fue amarilla, con el que ganó en Colombia el Premio Gabo 2019 en la categoría de Texto, que un objetivo artículo sobre el opositor José Daniel Ferrer.

En cualquier país del mundo, las redacciones de periódicos y revistas intentarían contratar a Mónica Baró. Menos en Cuba, una isla donde los reporteros con criterios propios son etiquetados como delincuentes de Estado.

Las sociedades autocráticas prefieren a los amanuenses disciplinados al estilo del baboso Randy Alonso, la oportunista Rosa Miriam Elizalde o el resentido Iroel Sánchez, auténticos soldados de la palabra.

El periodismo libre en Cuba tiene su costo. Primero la propaganda del régimen intenta asesinar tu reputación. Luego los killers cibernéticos y telefónicos comienzan a amedrentarte para que cambies de opinión.Y créanme que juegan al duro. Sin perder la sonrisa, te insinúan que puedes sufrir un ‘trágico accidente’ o te chantajean emocionalmente con tu pareja o tu familia.

Después de 24 años escribiendo como periodista independiente, conozco de primera mano la tensión sicológica que se sufre. No solo nosotros, también nuestros hijos y parientes. Ese desgaste pasa factura. La salud se quebranta y tener siempre en guardia a un policía interior, nos puede transformar en personas obsesivas y desconfiadas.

La Seguridad del Estado nunca te saca el pie del acelerador. Incluso aunque estés enfermo. Ahora mismo, el escritor y periodista independiente Víctor Manuel Domínguez está ingresado en una sala del hospital Calixto García. Debido a su diabetes, probablemente le tengan que amputar tres dedos en uno de sus pies. Pero oficiales de la Seguridad del Estados siguen acosando a Julio Aleaga y Luis Cino, colegas periodistas que lo cuidan.

El martes 14 de abril, en plena epidemia del coronavirus, cuando el régimen pide a los ciudadanos que no salgan de sus casas, Mónica Baró recibió la llamada de un oficial que dijo llamarse Jorge para citarla a un ‘conversatorio’ en una unidad policial. Ya sabemos de qué van esas charlas. Intimidarte, pedir que colabores con la Seguridad y que desistas de escribir y reportar libremente.

La represión suele ir in crescendo: amenazas sutiles, multas, prohibición de viajar al extranjero, abrirte un expediente y posteriormente enjuiciarte y mandarte a prisión. Los servicios especiales tienen carta blanca para actuar. Más que un cuerpo dedicado a proteger al Estado, actúan como la guardia pretoriana de un grupo de dirigentes aferrados al poder.

Su labor represiva la complementa el Ministerio de Justicia y la actual Constitución los dota de herramientas legales que les permite sancionar a los opositores al régimen y a los periodistas sin mordaza, como la siniestra Ley 88, que puede condenarte a 20 años de privación de libertad e inclusive la pena de muerte, o el Decreto 370, que permite aplicar multas de hasta 3 mil pesos, equivalente a 120 dólares, en un país donde el salario mínimo ronda los 15 dólares.

En distintos momentos, cada uno de los que ejercemos como periodistas independientes en Cuba, hemos sido amenazados por la policía política. Pero desde octubre de 2019 a la fecha, decenas de reporteros han sido citados por realizar su labor. A doce colegas les han aplicado multas de 3 mil pesos. Y a un año de cárcel fue sancionado Roberto Quiñones, abogado y periodista guantanamero de 61 años.

El único ‘delito’ de todos ellos es contar historias que la autocracia castrista pretende ignorar. Debido a la presión internacional liberaron al artista visual Luis Manuel Otero y al activista político José Daniel Ferrer. Pero Roberto Quiñones lleva siete meses durmiendo en una celda con delincuentes comunes.

Camila Acosta, 26, años, graduada de periodismo en 2016, y colaboradora del sitio Cubanet, en los últimos meses está siendo ferozmente acosada por varios oficiales contrainteligencia. Vía WhatsApp, dijo a Diario Las Américas que “un represor que dice llamarse Alejandro es el que ahora atiende mi caso, luego que otros se dieron cuenta de que yo ni iba a colaborar con la Seguridad, ni iba dejar de escribir. Con este Alejandro pasaron a otra fase, que consiste en aumentar la represión para que, o desista de hacer periodismo, o me vaya del país”.

“Hace un mes tuve mi primer interrogatorio con él y lo dejó bien claro: ‘Contigo va a ser al duro y sin guante’, palabras textuales, y me aseguró que se iba a convertir en mi peor pesadilla. Afirmó que en los próximos meses me iba a montar un proceso penal. Para el régimen, el periodismo independiente no está reconocido”, expresa Camila.

El ensañamiento contra la joven periodista incluyó un acta de advertencia por supuesta violación de domicilio. «Cuando pregunté por qué esa denuncia, pues no había pruebas, este oficial respondió que esa acusación era simplemente por vivir en La Habana (ella es oriunda de Nueva Gerona, Isla de la Juventud). Al consultar con un abogado, me aclaró que esa denuncia de violación de domicilio no tiene nada que ver con la supuesta ilegalidad de residir en La Habana, que es una estrategia. Intentar reunir denuncias, falsas evidencias y supuestas violaciones legales para llevarme a juicio y acusarme de lo que sea. Este represor Alejandro, cínicamente, me llegó a decir que el proceso iniciado contra mi persona era porque hacía muy bien mi trabajo. Lo que quieren es acallar a la prensa independiente, pues somos los que mostramos al mundo la cruda realidad de Cuba al mundo, afirma Camila y añade:

“Con la actual situación del coronavirus, a pesar de estar la mayoría de las personas en cuarentena, la Seguridad del Estado está citando a periodistas y aplicando elevadas multas basados en el Decreto Ley 370, como la que impusieron al periodista Niober García de Palenque Visión. En mi caso me la aplicaron por publicar en redes sociales sobre grandes colas provocadas por el desabastecimiento de alimentos, medicinas y artículos de aseo. Recientemente el periódico Granma amenazó con sanciones de prisión de libertad a todas aquellas personas que incurran en el delito de difundir informaciones ‘falsas'».

Durante los ejercicios militares Bastión 2016, se filtró un documento de las fuerzas armadas en el cual se decía que los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el gobierno, de epidemias o catástrofes naturales. Cuatro años después comienzan aplicar dicha estrategia. Las instituciones internacionales que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión deben tomar nota.

Iván García

Foto: De izquierda a derecha Iliana Hernández, Boris González, Mónica Baró y Luis Manuel Otero. Tomada de Diario Las Américas.

DECLARACIÓN CONTRA LA LEY DEL AZOTE

Con fecha 19 de abril de 2020, un grupo de periodistas independientes cubanos lanzó una campaña titulada Declaración contra la Ley del Azote, que puede ser firmada en Avaaz.org. A continuación, el texto:

Por pensar y hablar sin hipocresía, los cubanos estamos siendo hostigados y corremos peligro de contagio por el Covid-19, así como de ir a prisión. En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos en general, en virtud del Decreto-Ley No. 370/2018 «Sobre la informatización de la sociedad en Cuba», firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el 17 de diciembre de 2018, cuando era presidente del Consejo de Estado.

El motivo han sido las publicaciones en redes sociales que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar. También varios activistas y miembros de la sociedad civil independiente han sido intimidados por publicar informaciones similares. La Seguridad del Estado los ha obligado a abandonar el aislamiento social decretado por el gobierno por la pandemia, al citarlos constantemente a interrogatorios policiales.

El Decreto-Ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a hacer uso de sus disposiciones de censura. Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, como instrumento para la defensa de la Revolución”.

Es el artículo 68, sobre las contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y comunicación, el que amenaza la libertad de expresión y, específicamente, el inciso i): «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». La ambigüedad es tan obvia que llega a ser ridícula.

Primero, ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones existente en Cuba, no es una red pública, sino una sociedad anónima, y los cubanos pagan excesivos precios por sus servicios. Tampoco Facebook -la red social más empleada en el país y donde se difunden las supuestas publicaciones “delictivas”- es una red pública, sino una empresa privada. Después se habla del interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, pero éstos son conceptos confusos y no están especificados en dicho decreto-ley.

Por otro lado, entre las facultades otorgadas por el propio decreto-ley a los inspectores del Ministerio de Comunicaciones, no se establece hacer un seguimiento de las publicaciones de los ciudadanos en redes sociales. Asimismo, estos individuos están actuando por órdenes del Ministerio del Interior, excediendo de esta manera sus funciones. Por tanto, se trata de un abuso y exceso de poder de estos funcionarios.

El Decreto-Ley 370 quebranta la Constitución de la República de Cuba, la cual en su artículo 54, establece que el Estado “reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. En cuanto a los acuerdos internacionales, Cuba transgrede igualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales estipulan la libertad de opinión y de expresión, el no ser molestados a causa de estas opiniones, así como investigar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Hoy, encarcelar a los disidentes, para los represores no constituye una medida estratégica; por lo que vuelca todo su poderío en desgastar y coaccionar, con decretos leyes como el 370, a todas las voces divergentes de la Isla.

El Decreto-Ley 370 es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias y opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (3 mil pesos, equivalente a 120 dólares, cuando el salario mínimo en Cuba es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas de cualquier ciudadano: pocos cubanos pueden disponer de esa cantidad.

Actualmente, el Decreto Ley 370 es lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor. Por tanto, los azotados con el Decreto Ley 370, la Ley Azote, conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar y no acatar, DISPONEMOS:

Que a partir de este momento, nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos. Y a la Asamblea Nacional del Poder Popular o a su Consejo de Estado, EXIGIMOS:

  • 1) Eliminar el Artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370.
    2) Solicitar al Ministerio de Comunicaciones que se abstenga de aplicar el Decreto-Ley 370 hasta que éste sea eliminado.
    3) Anular todas las multas impuestas.
    4) Devolver el dinero a los que han pagado las multas en virtud de esta norma, así como los equipos confiscados.
    5) Someter a procedimientos disciplinarios a los funcionarios del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones que se excedieron en sus funciones y a procedimientos penales a los que pusieron en riesgo de contagio a los miembros de la Seguridad del Estado por esas citaciones.
    6) Respetar los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
    7) Pedir la libertad inmediata para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, encarcelado por ejercer la prensa libre.
    8) Otorgar personalidad jurídica a la prensa independiente.

Recabamos el respaldo de la comunidad internacional y en particular de todas las personas y organizaciones que se identifiquen con la lucha por la libertad de opinión y expresión en Cuba. Sabemos que al asumir esta postura, sobre nosotros caerá la furia de un sistema con resoluciones legales, pero espurias, y que corremos el riesgo de ir a prisión. Estamos conscientes de las consecuencias de nuestros actos y estamos dispuestos a asumirlas, guiados siempre por el ideario de José Martí: “El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aun del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso”.

Sobre admin

Periodista oficial primero (1974-94) e independiente a partir de 1995. Desde noviembre de 2003 vive en Lucerna, Suiza. Todos los días, a primera hora, lee la prensa online. No se pierde los telediarios ni las grandes coberturas informativas por TVE, CNN International y BBC World. Se mantiene al tanto de la actualidad suiza a través de Swissinfo, el canal SF-1 y la Radio Svizzera, que trasmite en italiano las 24 horas. Le gusta escuchar música cubana, brasileña y americana. Lo último leído han sido los dos libros de Barack Obama. Email: [email protected]

Un comentario

  1. La segunda mujer en ese collage fotógrafico, entre Boris González y Luis Manuel Otero, no es la periodista de El Estornudo Mónica Baró, si no Camila Acosta, de Cubanet. Disculpen el error. Gracias, Tania Quintero.

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