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Cuba: ¿borrón y cuenta nueva o una comisión de la verdad?

Una tarde plomiza de 1960 que amenazaba lluvia, René, 79 años, recuerda que media docena de milicianos enfundados con uniformes anchos y portando fusiles belgas, se presentaron en la casa de su tío en el apacible barrio de la Víbora para certificar la confiscación de sus propiedades.

“Mi familia era propietaria de una planta de procesar leche donde elaboraban queso blanco y en crema. También eran dueños de un edificio de apartamentos y una finca. En dos horas se quedaron solo con la casa de la Víbora y un auto. El gobierno de Fidel Castro confiscó el resto sin pagar un centavo. A los seis meses volaron a Miami. Por supuesto, veo bien que el Estado cubano nos compense por esa arbitrariedad. Pero lo dudo. A esta gente (el régimen) nunca le ha gustado pagar deudas”, cuenta René quien aún vive con sus hijos y nietos en la casona que pertenecía a sus parientes.

El huracán confiscatorio del barbudo fue intenso. Residencias, obras de arte, joyas, autos, industrias, comercios, empresas y periódicos fueron nacionalizados en nombre de la justicia revolucionaria.

Después, en 1968, la pira de expropiaciones se extendió a los puestos de fritas, bodegas de barrio y amoladores de tijeras. “Llegaban con cara de perro y lo decomisaban todo. Luego el propietario del chinchal debía firmar una planilla para atestiguar que la entrega era voluntaria. Que yo sepa, nadie protestó. Había mucho miedo”, recuerda Daniel otrora dueño de un taller de reparación de calzado.

A Roy Schechter, un estadounidense nacido en Cuba, el gobierno expropió una finca de 5,666 hectáreas y una casa colonial de 17 cuartos en La Habana, ahora residencia de la Embajada de China.

La hija de Schechter, Amy Rosoff, contó a la publicación News.com que cuando las autoridades le informaron a sus padres que ya sus propiedades no les pertenecían, escaparon de la isla en un ferry con sus joyas escondidas.

Schechter incluso pagó a todos sus empleados antes de irse, con la esperanza de regresar. El resto de su vida lo pasó trabajando en la tienda de zapatos de su suegro y recordándole a su hija la reclamación de las propiedades perdidas.

Litigios como ésos hay miles. El gobierno de Estados Unidos alega que la autocracia militar en Cuba debe pagar 7 mil millones de dólares a sus antiguos dueños.

Varios bufetes jurídicos en Estados Unidos y España esperan dar una batalla legal para que sus clientes obtengan una justa compensación. Nicolás Gutiérrez, residente en la Florida (pero nacido en Costa Rica por el exilio de sus padres, Nicolás Gutiérrez Castaño y Aleida Álvarez), defiende la idea de que algún día las familias que fueron expropiadas por el régimen cubano sean recompensadas.

Y es que Gutiérrez, abogado de profesión, califica como ley del robo el decreto 890, emitido el 13 de octubre de 1960, mediante el cual el gobierno recién instaurado despojó de sus propiedades a todas las compañías estadounidenses que operaban en la isla, así como a los cubanos dueños de diversos negocios.

Entonces, la familia Gutiérrez quedó despojada de sus pertenencias que incluían varios ingenios azucareros y cuyo valor en aquel momento superaba los 45 millones de dólares.

El patrimonio de los Gutiérrez-Castaño, uno de los más afectados por la ley de expropiaciones, tuvo como basamento los años de trabajo de Nicolás Castaño Capetillo, inmigrante vasco que llegó a Cuba en 1851, con 14 años de edad y apenas 3er grado de escolaridad. Al morir en 1926, “estaba considerado entre los hombres más ricos del país”, acotó su bisnieto en declaraciones a Iliana Lavastida, periodista de Diario las Américas.

Mientras a cientos de familias o multinacionales como Coca-Cola o Exxon les fueron confiscados sus negocios, miles de cubanos purgaron con largos años de cárcel su desafío al régimen castrista.

Aun está por documentar la cifra de compatriotas que fueron fusilados en juicios sumarísimos, por oponerse utilizando los mismos métodos a los que Fidel Castro recurrió en su enfrentamiento contra el dictador Fulgencio Batista.

Ser disidente en los primeros años del Gobierno Revolucionario era un delito grave. Miles de mujeres y hombres sufrieron palizas y malos tratos en las cárceles de la Isla. La historia del presidio político cubano no se puede olvidar.

Ahora que corre el último rollo de la saga de los hermanos Castro, el tema cobra actualidad. ¿Qué hacer? ¿Olvidar el pasado o implementar una comisión que investigue las arbitrariedades cometida por el gobierno?

Se puede aprender de la experiencia de Europa del Este. En la primavera de 2013 hubo una conferencia en Miami donde participaron cubanos de las dos orillas y disidentes de la antigua Alemania comunista.

La reconciliación no es fácil, advirtieron tanto Dieter Dettke, profesor del Centro BMW de Estudios Alemanes y Europeos en la Universidad de Georgetown, como Günter Nooke, disidente en la RDA y luego comisionado de derechos humanos en la Alemania reunificada.

Un verdadero acercamiento requiere tanto el perdón como la justicia, pero no la venganza, dijo Dettke, señalando que, después del derrumbe de la RDA, 246 de sus altos funcionarios fueron acusados de diversos abusos. Alrededor de la mitad fueron declarados no culpables.

Para la reconciliación “se necesita tener a un pecador que se arrepiente”, dijo Nooke, quien señaló además que el gobierno alemán había acordado después de la reunificación pagar indemnizaciones a las víctimas de la STASI, aparato de seguridad notoriamente brutal de la RDA.

No se puede pretender pasar de página como si nada hubiese pasado. El régimen esgrime en su defensa que por causas del embargo, Estados Unidos debe indemnizar a Cuba con 100 mil millones de dólares.

Cabría preguntarse si la autocracia verde olivo piensa pedir una disculpa por mentir al pueblo cubano. Nunca se nos pidió nuestra opinión para implementar sus absurdas estrategias políticas, económicas y sociales.
Cuando pase la tormenta, los cubanos, todos, debemos determinar cómo gestionaremos nuestro futuro sin olvidar el pasado. Teniendo presente que el odio afecta la lucidez.

Iván García

Foto de Gilberto Ante. 17 de mayo 1959, La Plata, Sierra Maestra. En el bohío del campesino Julián Pérez, Fidel Castro, el economista Oscar Pinos Santos (sentado en una esquina, con espejuelos y reloj) y Antonio Núñez Jiménez, presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (a la izquierda, con boina), entre otros miembros del Gobierno Revolucionario, le dan los toque finales a la primera Ley de Reforma Agraria, que expropiaría los grandes latifundios y se convertiría en la primera medida legal de carácter radical de los barbudos en el poder. El 4 de octubre de 1963 se aprobaba una segunda Ley de Reforma Agraria, que según algunos especialistas marcó el inicio del desastre de la agricultura en Cuba (TQ).

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Periodista oficial primero (1974-94) e independiente a partir de 1995. Desde noviembre de 2003 vive en Lucerna, Suiza. Todos los días, a primera hora, lee la prensa online. No se pierde los telediarios ni las grandes coberturas informativas por TVE, CNN International y BBC World. Se mantiene al tanto de la actualidad suiza a través de Swissinfo, el canal SF-1 y la Radio Svizzera, que trasmite en italiano las 24 horas. Le gusta escuchar música cubana, brasileña y americana. Lo último leído han sido los dos libros de Barack Obama. Email: [email protected]

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