Quizás por eso me animé con el periodismo independiente. Era la forma de mostrar inconformidad con el sistema legal de mi país. Pero no lograba satisfacer mis aspiraciones. Amo la abogacía, y quería ejercerla tal y como la había soñado.
Antes estudiar en la universidad no me daba cuenta de la situación real de los derechos humanos en Cuba. Mencionaba la palabra “derecho”, pero no sabía lo que significaba. Sino hubiese sido el tema central de mis estudios, nunca lo hubiera conocido.
En la calle, en las paradas y dentro de los ómnibus del transporte público, escuchaba anécdotas y conversaciones que me reafirmaban, que los cubanos, eran analfabetos jurídicamente. Hace unas semanas escuché una plática entre dos jóvenes, que me probó, que no estaba equivocada.
Trabajo como especialista en la Oficina del Registro de la Propiedad de Boyeros. Allí pago mi servicio social como egresada universitaria. Había terminado mi jornada laboral extenuada. En la parada, tomé un ómnibus. Detrás de mí, se sentaron dos jóvenes. Uno era estudiante de un tecnológico. El otro, vestido con uniforme del Ministerio del Interior (MININT), estudiaba derecho.
El de tecnológico le enseñó al otro, una multa que le había impuesto un agente de la autoridad. Quería saber si estaba obligado a pagarla. El del MININT le preguntó por qué se la habían puesto. El adolescente contestó que por alzarle la voz a un policía. El otro interlocutor le pidió que repitiera la respuesta. No sé si fue que no escuchó bien o le pareció absurda. Lo cierto es que el joven dio la misma contestación.
Normalmente evito entrometerme en las conversaciones ajenas. Pero a veces no resisto la tentación de opinar. En esta ocasión, escuchar aquella barbaridad no me pude aguantar. Interrogué al muchacho: ¿qué edad tienes? ¿dónde fue que te impusieron la multa? ¿qué le dijiste al policía? ¿le faltaste el respecto?
Después le di una miniconferencia sobre los delitos contra la administración y la jurisdicción. Figuras delictivas que prevée el Código Penal, en caso de faltarle el respeto a una autoridad o sus agentes policiales. Además, le dije, que hablarle en voz alta a un policía no estaba prohibido por la ley.
En Cuba, los excesos y abusos de las autoridades en detrimento de los derechos ciudadanos, es una realidad. La ignorancia jurídica de la población propicia su vulnerabilidad. Por este motivo, un grupo de abogados decidimos formar una organización, la Asociación Jurídica Cubana, que tiene como fin, elevar el conocimiento de las leyes en los cubanos.
Desde hace más de ocho meses, trabajamos con ahínco en crear materiales didácticos que lleven a la sociedad civil, a la comprensión no sólo de las leyes que se le aplican, sino también de la Constitución de la República y los derechos fundamentales en ella contenidos. A partir de ese momento fue cuando comenzó mi verdadera lucha contra la frustración y, sobre todo, contra el analfabetismo jurídico existente en el país.
Laritza Diversent